Diálogo Social

La historia del Diálogo Social en Castilla y León, es una historia reciente. El 9 de noviembre de 2001, las organizaciones sindicales más representativas, UGT y CCOO, suscribieron el “Acuerdo para el impulso del Diálogo Social en Castilla y León” que constata, como no podía ser de otra manera, que el Diálogo Social en nuestra Comunidad es fruto de una voluntad política, y confirma el trabajo y el esfuerzo de los agentes sociales. Nace así un modelo de concertación y acuerdo que se ha institucionalizado, en nuestra comunidad, a lo largo de tres lustros. Castilla y León es la primera Comunidad que no sólo reconoce la importancia del Diálogo Social, sino que además lo dota de rango normativo.

 

Como bien sabemos, el Diálogo Social constituye un instrumento que nos confiere a  los sindicatos la capacidad para promover la defensa de los intereses económicos y sociales de la clase trabajadora y nos permite impulsar la intervención sindical como un elemento clave para la defensa del empleo, clarificar competencias de las administraciones locales en materia de política social y reforzar los elementos de coordinación interterritorial.

 

Afortunadamente, en nuestra Comunidad, el Diálogo Social es la representación de un consenso, y los más de 60 acuerdos firmados así lo atestiguan. Hemos conseguido impregnar de objetivos sindicales muchas políticas públicas que se desarrollaban en Castilla y León. Resultado de la actividad llevada a cabo por el Consejo del Diálogo Social, fue la firma- el 27 de enero de 2016 –de la II Estrategia integrada de Empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016/2020, que nació con el objetivo de mejorar los niveles de ocupación y de reducir el desempleo, incrementando las posibilidades de empleabilidad de los ciudadanos. A través de la Estrategia se coordinan los planes anuales para el desarrollo de las políticas activas de empleo para lo hay que hay comprometido un mínimo de 700 millones de euros para todo el periodo de vigencia. De igual modo se firmaron los acuerdos del Plan Anual de políticas de empleo de Castilla y León 2016, el Acuerdo sobre Renta Garantizada de Ciudadanía, el Acuerdo para el desarrollo de la política de fomento del Alquiler y la rehabilitación en Castilla y León y el Acuerdo sobre la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA). Además del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y el Plan de Igualdad y conciliación.

 

En 2016, precisamente se han alcanzado los 15 años de ejercicio práctico de Diálogo Social en nuestra Comunidad Autónoma, lo que ha permitido que durante los años de mayor dureza de la crisis económica, y con independencia de manifestar nuestro más profundo rechazo sindical a las políticas de austeridad y a los recortes presupuestarios en los servicios públicos esenciales y políticas de promoción social, se haya intensificado para dar respuesta a los problemas de los trabajadores y las trabajadoras y de los ciudadanos en general, impulsando actuaciones relacionadas con la protección social, las políticas activas de empleo y la competitividad.

 

La UGT está inmersa en plena negociación del PAPECYL 2017, y esperamos incrementar la partida presupuestaria del PAPECYL 2016 para paliar, en gran medida, los efectos de la crisis que atraviesa nuestra maltrecha economía; si en 2014 se firmaron 92,5 millones de euros, en 2015 fueron 124,5 M€, en 2016 han sido 140 M€, la obligación de los agentes sociales es clara: pactar un incremento de la partida presupuestaria  que  minimice los desafíos de un trasfondo social adverso e impida que socave- aún más- el equilibrio del estado del bienestar. El nuevo panorama que se abre responde a un interés único y común para todos: fortalecer el estado del bienestar.

 

Las Resoluciones aprobadas en el 7º Congreso de la UGT de Castilla y León el pasado mes de abril, establecieron de forma firme, clara y rotunda, que uno de nuestros Objetivos primordiales es la defensa de los intereses de los ciudadanos de esta Comunidad. En un contexto de recorte presupuestario, la contención del gasto, reducción de las prestaciones, la precarización del mercado laboral, un incremento elevado de desempleo, junto con todas las medidas tomadas para paliar el déficit y la atención de las personas en situación de dependencia, no han hecho más que aumentar el número de personas en situaciones de vulnerabilidad social.

 

El diálogo social constituye un elemento esencial para hacer frente a problemas  económicos y sociales. Sin embargo no es una solución exenta de problemas, puesto que en cada momento histórico las relaciones laborales imponen el camino a seguir.En un “Estado social y democrático” como el nuestro, la defensa del interés general, no reside exclusivamente en el poder político. La participación de la sociedad en los asuntos públicos a través de sus representantes como es el caso de los interlocutores sociales contribuye -no solo- a mejorar la calidad y la participación democrática, sino también a perfeccionar y fortalecer el Estado Social.

 

Desde UGT Castilla y León avanzamos hacia un proceso de Diálogo Social direccionado, definiendo los aspectos esenciales de la acción de gobierno para el  desarrollo económico y social de nuestra Comunidad. El Diálogo Social debe ser real y traducirse en resultados concretos en la negociación colectiva y el Diálogo Bilateral (III ASAC,III AENC con vigencia a 2017 y el acuerdo Impulso de la negociación colectiva sectorial en Castilla y León”) y el Diálogo Social tripartito, con la negociación del PAPECYL 2017, Plan de Empleo Local en Ayuntamientos y Diputaciones, PAPECYL en las cuencas mineras, renta garantizada… La responsabilidad de  los agentes sociales es innegable. Todos los esfuerzos que realicemos  serán  escasos para culminar este proceso negociador en el que estamos inmersos  e impulsar, de esta forma,  la cohesión económica, social y territorial de nuestra Comunidad.