“Día Internacional contra la Violencia de Género”

21 Nov “Día Internacional contra la Violencia de Género”

Mas de 106.000 denuncias se presentaron durante el primer semestre del 2008 ante los Juzgados con competencias en materia de violencia de género, directamente o a través de otros órganos en todo el territorio Español, de ellas, 3.771 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Comparativamente con respecto a las cifras registradas en el año 2007, se aprecia un incremento del número de denuncias que llegan a los juzgados de violencia contra la mujer, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la Comunidad Autónoma, incremento, del número de denuncias, que ha ido produciéndose desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Durante el periodo de tiempo transcurrido desde Enero de 2006 y Junio de 2008 (tiempo de vigencia de la Ley Integral y de entrada en funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer) fueron solicitada un total de 134.000 Ordenes de Protección, a nivel nacional. De ellas fueron concedidas un 75%.

En nuestra Comunidad Autónoma, en los últimos tres años el número de mujeres con orden de protección también ha ido en aumento ( 1.361 en el año 2006, 1.550 en el año 2007, y 766 en el primer semestre de 2008). Este aumento se detecta también en el número de sentencias condenatorias a los maltratadores. El 79 % de los procedimientos incoados en los Juzgados de violencia sobre la mujer terminaron en condena, y el 56,23% de las denuncias incoadas en los juzgados de lo penal. Este porcentaje de sentencia condenatorias, es aún mayor en las resoluciones dictadas en la Audiencias Provinciales (85%).

Esta tendencia al alza en el número de denuncias, en las órdenes de protección dictadas y en las sentencias condenatorias, no puede interpretarse como un incremento en el número de casos de violencia de género, sino como un claro avance en los factores que favorecen el que las mujeres que están sufriendo la vulneración de sus derechos fundamentales por su pareja o expareja decidan poner fin a la situación, denunciar, y acceder a las medidas de protección integral previstas en la Ley.

Para conseguir una adecuada gestión de los servicios públicos orientados a la protección y ayuda de estas mujeres y de sus hijos e hijas se hace necesaria la colaboración y participación de todas las administraciones, los agentes sociales, asociaciones de mujeres, y en general de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Por ello, resulta fundamental el funcionamiento de órganos como el observatorio de género, a los que no se está dando desde la Junta de Castilla y León el funcionamiento que como órgano consultivo le corresponde, o las Comisiones, tanto Regional como Territoriales contra la violencia de género, órganos en los que los Sindicatos reclamamos históricamente nuestra participación como miembros de pleno derecho.

La respuesta del sistema judicial Español ha mejorado en todo el territorio nacional, pero aún está muy lejos de ser satisfactoria. En este sentido, es necesaria la creación de un Juzgado especializado en cada una de las Provincias, o la conversión de los Juzgados Compatibles en exclusivos para evitar la sobrecarga que paraliza el ejercicio de la Justicia. Resulta también necesaria la implantación de los servicios de guardia en las grandes poblaciones, así como las oficinas de atención a las víctimas y los equipos de Valoración Forense integral en los partidos judiciales en los que faltan.

Es además absolutamente imprescindible conseguir una formación especializada de todas las personas que intervienen directamente con las mujeres víctimas de violencia de género y con los maltratadores, tanto en la administración de Justicia como fuera de ella, en todos los órganos, instituciones y entidades que configuran la protección integral. Esta formación especializada ha de partir de la teoría de género y de la percepción de la Igualdad como derecho fundamental. Sin ella la respuesta ante la violencia de género nunca será la adecuada para terminar con ella y contribuir a paliar sus secuelas en las mujeres, en los hijos y las hijas y en definitiva en la sociedad.

Otro aspecto importante en el que hemos de seguir trabajando es en la eficacia de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas y de sus hijos, mediante la adecuada toma de decisiones en las órdenes de protección y en otras medidas cautelares como por ejemplo la suspensión del régimen de visitas o en los mecanismos electrónicos de vigilancia de los maltratadores. Un instrumento válido para conseguir la efectividad de estas medidas de protección son los informes técnicos de valoración del riesgo, y los protocolos de actuación, la coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y de las Comunidades Autónomas, el personal sanitario, los Colegios profesionales de Abogados y de Psicólogos, Jueces, Fiscales y Funcionarios de Justicia. La violencia de género, es decir, la violencia ejercida contra una mujer, por el hecho de ser mujer, a manos de su pareja o expareja, es el máximo exponente de la desigualdad entre mujeres y hombres.

Somos conscientes que las muertes y agresiones graves de las que tenemos constancia día a día, son sólo la punta del iceberg de un proceso de maltrato psicológico largo, devastador y urdido fríamente por el agresor para conseguir el dominio y el control de la vida de la mujer. Este proceso, finalice o no con resultado de muerte de la víctima, destruye las vidas de las mujeres, y las de sus hijos e hijas.

Desde el Sindicato consideramos necesaria la Colaboración de la Junta de Castilla y León en la aplicación y cumplimiento de las Leyes Estatales, concretamente y en estos casos de la Ley orgánica de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Reivindicamos:

– La necesidad de obligatoria y adecuada formación de todos los Operadores que intervienen en los casos de Violencia de Género.

– La adecuada e integral información a las mujeres víctimas de violencia de género desde los servicios públicos, sobre los mecanismos a su disposición para instar las diferentes medidas de protección, asistencia y ayuda en los diferentes ámbitos.

– La necesaria formación en Igualdad de Oportunidades en todos los niveles educativos. La educación en y para la Igualdad es la única herramienta eficaz para erradicar definitivamente la violencia de género.

– El adecuado tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación, puesto que a pesar de existir un protocolo sobre ello firmado con la Junta de Castilla y León, los medios continúan transmitiendo todos y cada uno de los estereotipos respecto de la víctima y del maltratador, que facilitan la perpetuación de la violencia de género.

– La creación de más juzgados especializados en nuestra comunidad autónoma y la implementación en los mismos de los equipos y medios necesarios para el adecuado tratamiento judicial de los casos de violencia contra las mujeres, así como para la completa eficacia y ejecución de las resoluciones judiciales.

– La adecuada protección de los hijos e hijas menores de las mujeres que están sufriendo o han sufrido estas circunstancias en su vida.

– Garantizar los derechos económicos de las mujeres que sufren violencia machista para facilitar su recuperación y reparación.

– La ampliación del número de centros de emergencia (solo hay tres: Burgos, Ponferrada y Valladolid), de casas de acogida (hay 14) y de pisos tutelados (sólo hay 1 en toda la CCAA) y su profesionalización.

– Garantizar la gestión eficaz del programa de inserción laboral (DIKE) y el acceso de estas mujeres a un trabajo digno y de calidad.

– El control y seguimiento eficaces del programa fénix en lo referente a su efectividad en la reinserción de los maltratadores.