UGTCyl denuncia que la crisis ha modificado los perfiles convirtiendo a los trabajadores y trabajadoras sin empleo en los “nuevos pobres”

17 Oct UGTCyl denuncia que la crisis ha modificado los perfiles convirtiendo a los trabajadores y trabajadoras sin empleo en los “nuevos pobres”

Más de 430.000 hogares en Castilla y León, el 46% del total, no llegan a fin de mes o lo hacen con dificultad, de ellos, más de 240.000 no tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos. En torno a 32.000 han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal ( hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) en los últimos doce meses, y cerca de 79.000 hogares no pueden permitirse, por ejemplo, mantener su vivienda a temperatura adecuada, una comida de carne o pescado dos veces a la semana o mantener su coche, al mismo tiempo. Una realidad consecuencia de la suma de una crisis prolongada, de la puesta en marcha de una política restrictiva y de unas reformas normativas como la reforma laboral que, a juicio de UGTCyL, sitúa a miles de ciudadanos, trabajadores y trabajadoras, al límite de la subsistencia económica.

Coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza el Sindicato ha realizado una Fotografía Socio-económica de la situación actual en Castilla y León.  La Secretaria Regional de Política Social de UGT, Carmen Campelo, que comparecía en Rueda de Prensa junto al Secretario Regional de Política Institucional, Óscar Lobo, subrayaba que la pobreza no deja de crecer ni en España ni en Castilla y León a un ritmo rápido y alarmante. En la actualidad, el porcentaje de población de la comunidad que se sitúa por debajo de ese umbral  es del 23,5%, es decir, en torno a 23 de cada 100 personas se encuentra en riesgo de pobreza en la región, cuatro puntos más que en 2009, al comienzo de la crisis.

Todo ello, según Campelo, en un contexto absolutamente demoledor en Castilla y León: 233.799 personas en situación de paro, 42.124 más que hace dos años, de las que 110.579 no cobran ningún tipo de prestación, casi 30.000 más que en septiembre de 2011. Según datos EPA ( 2º trimestre 2013), 28 personas activas de cada 100 se encuentran desempleadas, computando un total de 244.900, un porcentaje que se dispara al 49, 65% en el caso de la tasa de paro juvenil.

Ante este escenario, los representantes sindicales denuncian no solo una progresiva cronificación de las situaciones de insuficiencia económica para hacer frente a las necesidades básicas diarias sino el hecho de que, de forma alarmante, se estén sumando a esta realidad demasiadas personas y familias con un futuro francamente incierto y dramático. La crisis persistente ha provocado, a juicio de UGTCyL, cambios en los perfiles de las personas en riesgo de exclusión social, es decir, los “nuevos pobres” son realmente los trabajadores y trabajadoras que hace poco más de dos años no se imaginaban tener la urgencia de cubrir sus necesidades básicas de subsistencia o quedarse sin vivienda por impago.

Un cambio en los perfiles de las personas demandantes, cambios en el destino de los recursos y, por tanto, cambios en el diseño y la planificación de los instrumentos de actuación ante la pobreza. Si tenemos en cuenta que en torno a 38 de cada 100 hogares formado por un adulto con 1 o más hijos dependientes está en riesgo de pobreza, 25 de cada 100 hogares con hijos dependientes y el 24% de los formados por una sola persona, podríamos decir que esa es la población potencialmente perceptora estimada que , a corto plazo, debería cobrar la Renta Garantizada de Ciudadanía, lo que supondría, según UGT, incrementar el número de perceptores al mes en torno al 60% con respecto al actual en toda Castilla y León.

La desigualdad y la fragmentación de la sociedad española evolucionan hacia cuotas inadmisibles, aseguraba el responsable de Política Institucional, Óscar Lobo, “ni siquiera encontrar un empleo es garantía frente al riesgo”. Para UGTCyL, la pobreza se combate con derechos sociales y laborales  sino “corremos el riesgo deque se institucionalice la caridad”.

Una situación que se está agudizando gracias a una reforma laboral que hace estragos entre la población trabajadora. Se ha destruido empleo, se han abaratado los despidos, ha disminuido la estabilidad y se ha convertido en privilegio encontrar un trabajo en condiciones dignas. La pérdida de masa salarial, constatada por la reducción del coste salarial en un 3,3% desde el inicio de la crisis, resulta ser incomparable con el incremento extraordinario de los beneficios empresariales en lo que va de año (julio 2013), cifrado en un 32,1%.

Por último, la reforma de las pensiones planteada por el Gobierno afectará a cerca de 600.00 personas en Castilla y León con pensiones contributivas, que verán mermado su poder adquisitivo, en torno a los 315 euros de media al año.

En cuanto a las pensiones no contributivas, en la región rondan los 370 euros y las perciben 22.325 personas de media. La aplicación de algún tipo de revisión a la baja que recorte estas cuantías, sea la reforma de las pensiones u otra, supondría un impacto sustancial cuya consecuencia acabaría de profundizar la situación de riesgo en la que viven estos pensionistas, cuantías que, en cualquiera de las modalidades de las pensiones no contributivas, se sitúan muy por debajo del umbral de pobreza. La gravedad de este asunto se encuentra en el empobrecimiento real de estos colectivos que, a la pérdida de poder adquisitivo, suman, dada la coyuntura, el hecho de hacer frente al incremento del número de miembros de sus familias afectadas dramáticamente por la crisis y la pérdida  de empleo.