01 Dic “La Iniciativa Legislativa Popular es una enmienda a la totalidad de la Reforma Laboral”
“Vamos a utilizar la ILP como una movilización para demostrar que las organizaciones sindicales no estamos dispuestas a que se institucionalice el ataque a los derechos de los trabajadores que supone la Reforma Laboral impuesta por el Gobierno y para defender y extender entre la población española que no podemos tolerar que la crisis económica se utilice para recortar derechos de los trabajadores, debilitar la Negociación Colectiva y nuestro Sistema Público de Pensiones”.
El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, realizaba estas declaraciones durante la rueda de prensa conjunta con CCOO en la que ambas organizaciones han presentado la Iniciativa Legislativa Popular por el Empleo Estable y con Derechos en la que ha manifestado que se trata de “un texto jurídico articulado y completo que demuestra que las organizaciones sindicales tenemos alternativas en relación con los cambios que hay que propiciar en las bases estructurales de nuestro sistema de relaciones laborales”.
¿Qué es una ILP y cómo se regula?
La Comisión Promotora, compuesta en este caso por representantes de UGT y CCOO, deben redactar una proposición de Ley (texto articulado con exposición de motivos), presentarlo en la Mesa del Congreso y nombrar a los fedatarios especiales que autentifiquen las firmas.
Una Iniciativa Legislativa Popular se avala con las firmas de al menos 500.000 ciudadanos españoles que deben ser recogidas en el plazo de nueve meses desde el momento en el que la Comisión Promotora recibe la notificación de la admisión a trámite por la Junta Electoral Central, que es la garante del procedimiento.
¿Quiénes y cómo pueden firmar?
Sólo pueden firmar aquellos ciudadanos mayores de 18 años, con nacionalidad española e inscritos en el censo electoral.
Los ciuadadanos que quieran expresar su apoyo a la ILP deberán, además de estampar su firma, indicar su nombre y apellidos, el DNI y el municipio en cuyas listas electorales se encuentran inscritos en los pliegos oficiales facilitados por la Comisión Promotora.
Méndez ha señalado que “la ILP parte de la constatación de la realidad, de los problemas que afectan a nuestro país, problemas que tienen directa relación con el patrón de crecimiento de la economía española y no con nuestro sistema de relaciones laborales, que en cualquier caso, tras la Reforma Laboral, lo que hace es traducrir la crisis en aumento del paro y de la precariedad, algo que hay que corregir”.
“Sus contenidos”, ha explicado, “giran en torno la necesidad de reducir la temporalidad y la precariedad laboral en nuestro país y la necesidad de estimular legalmente la utilización de la flexibilidad negociada para resolver los problemas organizativos y productivos de las empresas, o lo que es lo mismo, para que la flexibilidad negociada sea la alternativa para evitar que el despido sea el único recurso”.
“Queremos darle una oportunidad al Parlamento de la nación para que recoja el sentir mayoritario de las clases trabajadoras de nuestro país y corrija el rumbo de la Reforma Laboral que, en su momento que impuso el Gobierno de la nación, que aprobó el Parlamento y que en este momento está en vigor” ha finalizado.
