10F-Respeto por Castilla y León

 

POR LA DEFENSA DE LOS PRINCIPIOS

Y VALORES DEMOCRÁTICOS
POR RESPETO A CASTILLA Y LEÓN

 

El día 10 de febrero, sábado, celebramos en Valladolid la entrega de los premios cinematográficos Goya, un gran acontecimiento para la ciudad y para Castilla y León, acto cultural anual de importancia singular que se celebra de forma descentralizada en nuestra ciudad, que demuestra la capacidad de nuestras ciudades para albergar eventos de esta magnitud y comprueba la rica diversidad territorial y cultural de España.
 
Quienes convocamos a esta manifestación apoyamos, sin ningún tipo de duda, al mundo de la cultura y a sus gentes, su trabajo en libertad, el escrupuloso respeto democrático a la creación y al desarrollo cultural libre y diverso. Esta entrega de premios Goya al cine español forma parte indiscutible de ello.
 
Aprovechamos este día para denunciar la actuación de la Junta de Castilla y León en estos ámbitos culturales, especialmente a través de los responsables de la extrema derecha en el gobierno autonómico y en los ayuntamientos donde gobiernan en coalición con el PP. Ya se han dado muestras de obscena censura directa y a través de las “nuevas programaciones”, donde se excluye lo ajeno a sus ideas y sus mitos. La Consejería de Cultura quiere declarar bienes de interés cultural las construcciones con simbología franquista y fascista, para así evitar su retirada, regulada en la Ley de la Memoria Democrática. Se entrega el premio de Castilla y León de las Letras a un personaje ligado al partido de la extrema derecha. Nos tememos que esto no ha hecho más que empezar y surgen casos de este tipo cada día en todo el territorio nacional.
 
Se ataca a la memoria histórica, ligada evidentemente a la cultura, a la historia y al relato político y democrático de nuestro país y de nuestra Comunidad, donde la represión, el exilio, el asesinato y la censura afectó a tantos y tantos hombres y mujeres ligados a la creación, a las artes, a la cultura, a la formación y a la educación. En Castilla y León no existe una ley autonómica de Memoria Histórica y después de muchas dificultades se consiguió regular esta materia en un Decreto con importantes competencias de la Junta, que no cumple. El Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León no se convoca. Las personas fusiladas, arrojadas en las cunetas durante la dictadura franquista y sus familiares actuales, no tienen el reconocimiento y el apoyo necesario en nuestra Comunidad.
 
Tampoco lo tienen las personas migrantes en nuestro territorio. Se han perdido programas y actuaciones públicas directas o en colaboración con otras entidades en favor de la integración social, laboral, familiar, cultural, etc., de este colectivo de importancia singular para nuestra comunidad. Los discursos del odio realizados por el Vicepresidente de la Junta, incendiarios, falsos y xenófobos, son conocidos en toda España.
Su política educativa clasista, apoyando a los centros concertados en detrimento de la escuela pública, con una clara intención “reeducadora” basada en los principios conservadores que marca la extrema derecha e, incluso, favoreciendo en los centros educativos la segregación y las actividades culturales fuera de la lógica democrática y contrarias a las normativas reguladoras de estos ámbitos.
 
Califican a las personas de nuestra comunidad como vagas, pero nuestra juventud, en gran parte excelentemente preparada, tiene que desarrollar sus proyectos de vida fuera de nuestra Comunidad, por la eterna falta de posibilidades que nuestra tierra les ofrece.
 
El respeto a los derechos de los colectivos LGTBI sufre el mismo desgaste. Castilla y León es la única Comunidad Autónoma que no tiene su propia ley. No sólo se impide la colocación de su bandera en las Cortes y ayuntamientos, sino que se amenaza a los que les visibilizan. Se empieza por no reconocer, para después perseguir.
 
Se atacan los derechos y libertades de las mujeres con el conocido “protocolo del aborto en Castilla y León”. Los requerimientos del Gobierno de España han conseguido dar marcha atrás a sus intenciones “integristas”. La eliminación de políticas públicas en apoyo a las mujeres en general y a colectivos concretos, en particular las víctimas de violencia de género, protagonizada por la Consejería de Empleo, dirigida por otro miembro de la extrema derecha, se suma a la negación de la violencia de género. El gobierno del PP no se atreve a actualizar la ley de violencia de género en las Cortes, acordada hace dos años en el diálogo social, porque se lo impiden sus socios de extrema derecha. Además, pretenden hacer una ley sobre violencia intrafamiliar, para con ello negar la violencia sobre la mujer.
 
Rechazan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y niegan sistemáticamente el cambio climático y sus efectos evidentes y comprobables. Se arrogan la defensa del campo, de la agricultura y la ganadería y de sus gentes con demagogia, con simplezas y mentiras, no tienen
en cuenta a las organizaciones representativas agrarias y gobiernan en contra de todas las instituciones, incluidas las europeas.
 
Son partidarios de ilegalizar a los partidos independentistas, también a los de izquierdas, y quieren eliminar las Comunidades Autónomas. No creen en la democracia representativa y menos aún en una democracia participativa. No apuestan por el estado social y de derecho, ni por los servicios públicos, ni por la mejora del estado de bienestar. Muy al contrario, sus políticas ultraliberales son el derribo de todas las formas de progreso y consenso social.
 
La persecución en Castilla y León a las organizaciones del ámbito laboral y la degradación absoluta de las relaciones laborales y del mundo del trabajo es una característica propia de sus políticas. Las organizaciones sindicales, las asociaciones del trabajo autónomo, las organizaciones de la economía social, las profesionales del mundo agrario, las asociaciones de consumidores, etc., han perdido o han visto especialmente mermada la representatividad que les corresponde legalmente y no son tenidas en cuenta en ningún ámbito de la administración, consecuencia de la actuación premeditada de las Consejerías en manos de la extrema derecha, permitidas por el Gobierno Autonómico de la Junta.
 
La persecución a los dos sindicatos de clase mayoritarios ha sido y sigue siendo su forma de gestionar las relaciones laborales en nuestra Comunidad, incluyendo la desaparición de la participación institucional en sus ámbitos e incumpliendo la constitución y las leyes, e incluso el Estatuto de Autonomía y la Ley 8/2008 del Consejo de Diálogo Social y de la participación institucional autonómica. La desaparición de múltiples programas públicos y de políticas activas de diverso tipo en favor de las personas trabajadoras, desempleadas, autónomas y migrantes ha sido otro de los efectos perniciosos de gestión, incumpliendo además todos los Acuerdos vigentes de diálogo social en sus ámbitos de competencias, el más conocido entre ellos, el concerniente al Servicio de Conciliación y Mediación (SERLA de Castilla y León).
 
Las relaciones institucionales son casi inexistentes. El el triste espectáculo permanente en las Cortes de Castilla y León, presididas por una persona de extrema derecha; la inexistencia de una administración laboral con relaciones normales y democráticas, con la inacción de los órganos de participación institucional; la ineptitud comprobada e incluso promovida para degradar las instituciones democráticas; las declaraciones constantes que conllevan el odio al adversario; el insulto permanente; las obscenas demostraciones de patrioterismo barato y su exacerbada actitud beligerante contra los que no piensan como ellos, están envenenado la política, la sociedad en su conjunto y están poniendo en peligro la convivencia y la propia democracia en nuestro país y especialmente en nuestra Comunidad.
 
En definitiva, para los y las presente aquí es indiscutible qué desde la llegada de la extrema derecha al Gobierno de Castilla y León, el diálogo político y social en nuestra Comunidad, al igual que está ocurriendo ya en otros territorios donde gobiernan, ha sufrido una degradación constante y premeditada, con la lamentable connivencia del partido popular.
 
Tenemos la intención declarada de luchar contra estos despropósitos antidemocráticos. No los vamos a permitir. Exigimos respeto a los principios y
valores democráticos, a los derechos humanos y a la libertad en su máxima y múltiples expresiones, por la igualdad, la fraternidad y la solidaridad, en defensa de nuestros textos constitucionales y estatutarios democráticos, de la legalidad vigente y de la convivencia en paz y en libertad.
 
Y lo hacemos en nombre de la importante cultura democrática de nuestro país, reconquistada después de la etapa negra e ilegal de la dictadura franquista, y nos reafirmamos en que no permitiremos que sea degradada o incluso, como algunos de ellos desean, olvidada.
 

ESTA VEZ NO,
ESTA VEZ NO DEBEN PASAR Y NO PASARÁN

 
#RespetoParaCyL
#CyLMereceRespeto
#10FPorElRespeto
 

Manifiesto descargable en formato pdf (se abre en nueva pestaña)