120.000 trabajadores en Castilla y León están afectados por el bloqueo de sus convenios colectivos y sufrirán una importante pérdida de poder adquisitivo

13 Ene 120.000 trabajadores en Castilla y León están afectados por el bloqueo de sus convenios colectivos y sufrirán una importante pérdida de poder adquisitivo

UGT Castilla y León denuncia que el aumento de los precios de consumo ( la tasa interanual se sitúa en el 2,7% en la región, tres décimas por encima de la media nacional, 2,7%), sigue siendo elevado para una economía estancada, como la nuestra, que apunta a una nueva contracción, y en la que el desempleo alcanza cotas insostenibles. Los asalariados están siendo los grandes perjudicados por la inflación, a pesar de que, paradójicamente, son ellos quienes están contribuyendo a controlarla gracias a la moderación de sus salarios. Cerca de 300 convenios colectivos en Castilla y León permanecen bloqueados, lo que va a suponer una importante pérdida de poder adquisitivo para 120.000 trabajadores y trabajadoras en la región. El sindicato considera que no saldremos de la crisis si las familias no reactivan su consumo, para lo que es imprescindible que los salarios ganen moderadamente poder de compra, y critica las medidas adoptadas por los Gobiernos de Herrera y Rajoy pues son injustas y contraproducentes para salir de la crisis. UGT reclama que los esfuerzos se repartan con justicia y exige unas políticas públicas más responsables en la fijación de precios y más beligerantes contra los que reclaman moderación de rentas para los demás, mientras aprovechan la situación para aumentar sus beneficios.

Según ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, en el mes de diciembre el Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó una décima respecto al mes anterior. Con ello, el aumento del Índice en los últimos doce meses ha sido del 2,7%, tres décimas por encima de la media nacional (2,4%).

En el mes de diciembre, por sectores, el mayor incremento de precios se sitúa en Ocio y Cultura (2,2%), seguido de alimentos y bebidas alcohólicas, hoteles, cafés y restaurantes y Otros (0,3%), Vivienda (0,2%), y bebidas alcohólicas, tabaco, menaje y medicinas (0,1%).

Los precios han subido en todas las provincias de Castilla y León, con tasas interanuales del 3,1% en la provincia de Burgos, 2, 8% en Segovia y León, 2,7% en Ávila y Valladolid, 2,5% en Salamanca, 2,4% en Palencia y Zamora y 2,3% en Soria.

CONCLUSIONES

El aumento de los precios de consumo en Castilla y León sigue siendo elevado para una economía estancada, que apunta a una nueva contracción, y en la que el desempleo alcanza cotas insostenibles. Mientras la demanda de bienes y servicios cae, los precios aumentan.

Cerca de 300 convenios colectivos en Castilla y León permanecen bloqueados, lo que va a suponer una importante pérdida de poder adquisitivo para 120.000 trabajadores y trabajadoras en la región. En definitiva, los asalariados están siendo los grandes perjudicados por la inflación, a pesar de que, paradójicamente, son quienes están contribuyendo a controlarla gracias a la moderación de sus salarios. Un ejercicio de responsabilidad que ni se está ponderando adecuadamente ni se está viendo acompañado por un esfuerzo paralelo por parte de las empresas.

Pero no saldremos de la crisis si las familias no reactivan su consumo, y para ello es imprescindible que los salarios ganen moderadamente poder de compra. Por eso, las medidas adoptadas por los Gobiernos de Herrera y Rajoy, lejos de impulsar la reactivación, nos arrastran a una mayor contracción.

La congelación del salario mínimo y del sueldo de los empleados públicos, el tajo a las nóminas que supondrá el aumento del IRPF, o la subida del impuesto sobre bienes inmuebles (por citar tres de las más notorias) suponen actuaciones profundamente injustas y absolutamente contraproducentes para salir de la crisis.

Desde la UGT queremos reivindicar la necesidad de que los esfuerzos que impone la crisis se repartan con justicia. Y ello requiere unas políticas públicas más responsables en la fijación de precios de los que son competentes, así como más comprometidas y beligerantes contra aquellos que, mientras reclaman moderación en las rentas de los demás, se están aprovechando de la situación para expandir sus márgenes.

Igualmente, queremos insistir en que, a pesar de las restricciones que impone la situación financiera internacional, otra política para salir de la crisis no solo es posible, sino imprescindible. Porque la del ajuste brusco e indiscriminado ha demostrado ya su ineficacia y sus graves efectos sobre aquellos que poseen menos ingresos y que se encuentran más desprotegidos.