#29Noalosrecortes

30 Abr #29Noalosrecortes

Ni el frío ni la persistente lluvia, en muchos de los casos, impidió que miles de personas salieran el pasado 29 de abril a las calles de Castilla y León, convocados por la Plataforma Social en defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, de la que UGT forma parte, para rechazar los recortes sociales, especialmente en Educación y Sanidad, llevados a cabo por el Gobierno del PP. Bajo el lema “ Con la Sanidad y la Educación no se juega”, la sociedad castellanoleonesa exigió a los Gobiernos de España y de la región que rectifiquen su política y acepten otras opciones más justas y equitativas para superar la crisis, que no suponga el empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadan@s. Una movilización que fue el preludio de las manifestaciones del Primero de Mayo y que confirman, como destacó el Secretario Regional de UGT, Agustín Prieto, que la lucha continua contra un Gobierno que utiliza la crisis como excusa para cercenar todos y cada uno de los derechos de los trabajador@s. Prieto anunció una gran movilización para otoño “si las cosas siguen en esta dirección y el PP mantiene una política neoliberal”.

Las Organizaciones Sociales de Castilla y León insistieron el pasado 29 de abril en que los recortes presupuestarios suponen un durísimo retroceso en los servicios que el Estado debe prestar a la ciudadanía en materias como Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Atención a la dependencia, Seguridad Ciudadana, Cooperación al Desarrollo…etc. Servicios Públicos que, como se reflejó en el Manifiesto leído en todas las capitales de provincia, en contra de lo que afirma el Gobierno, no son gratuitos sino que a ellos contribuye el conjunto de la ciudadanía mediante los impuestos. El texto defiende la enseñanza y la sanidad pública y denuncia la política de recortes del Partido Popular, cuyo único objetivo es imponer su modelo social. El 29 de abril, los ciudadanos volvieron a reclamar al Gobierno una revisión de los plazos de cumplimiento de reducción del déficit, de manera que los recortes no impidan la inversión productiva y el mantenimiento del gasto que garantiza la protección social de los ciudadanos.

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