25 Ene Para UGT es urgente acabar con la desigualdad digital, sanitaria y bancaria que padecen nuestros mayores
En 2021 el 30% de las personas mayores de 55 años no ha utilizado nunca internet; el 70% no sabe cómo instalar una app en su móvil; casi la mita no acredita ninguna habilidad informática y alrededor del 18% posee unas habilidades digitales básicas. Y, además, las mujeres son más vulnerables en esta materia.
Pues bien, durante estos dos años de pandemia se han hecho patentes las deficiencias de nuestro sistema sanitario, fundamentalmente en cuanto a falta de recursos humanos y financieros como consecuencia de las políticas de recorte llevadas a cabo desde la comunidad autónoma. Evidentemente es algo que hay que solucionar de manera urgente.
Por otra parte, también debemos tener en cuenta las políticas de exclusión social y territorial que está llevando a cabo la banca, con el cierre masivo de sucursales y el despido de miles de trabajadores.
Ambos factores están repercutiendo muy negativamente en el servicio que se presta a la ciudadanía, especialmente a las personas más vulnerables digitalmente como son nuestros mayores.
El 60% de las personas mayores de 75 años no han utilizado nunca internet y más de la mitad de las personas entre 65 y 74 años no ha enviado ni ha recibido nunca un correo electrónico, ni tampoco sabe usar un buscador de internet para encontrar información.
Esto lo mismo que decir que desconocen cómo pedir cita con un médico por internet o instalar una app en su móvil con la que poder descargarse el certificado Covid o interactuar con su banco.
Ampliar los recursos en sanidad y exigir el compromiso de la banca
Desde el sindicato consideramos que hay que terminar con esta desigualdad y facilitar la vida de las personas mayores, auténticas marginadas de un mundo digital que, muchas veces, no está a su alcance.
Y para logarlo es necesario poner en marcha de forma inmediata planes de alfabetización digital que se centren en los colectivos en los que se concentra la fractura tecnológica. Para lograrlo se tienen que implicar todas las administraciones públicas, fundamentalmente las entidades locales y diputaciones, prestando una atención prioritaria al género y al medio rural.
Evidentemente, los fondos europeos deben ayudar a conseguir este objetivo y deben hacerlo de forma rápida y eficaz para poder llegar a la ciudadanía que necesita esta ayuda imprescindible.
