20 Sep UGT Castilla y León reclama la urgente convocatoria de la Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía
Una vez conocidos los datos del informe sobre la situación de la Renta Garantizada de Ciudadanía que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades presentó ayer, UGT Castilla y León quiere mostrar su preocupación por el número sorprendentemente bajo de perceptores que efectivamente reciben ya la Renta Garantizada de Ciudadanía y que la Consejería cifra en 4.932 a mes de septiembre. El Sindicato expresa además su malestar por la poca deferencia que la Consejera ha mostrado, en este caso, con la Comisión de Seguimiento de la Mesa del Diálogo Social destinada a la Renta Garantizada de Ciudadanía, al no facilitar previamente dicho informe a los miembros de este Órgano cuyas funciones y competencias se encuentran claramente especificadas en el propio Acuerdo de RGC, así como la obligación de la Junta de proporcionar puntualmente la información necesaria en tiempo y forma estipulado, para poder desarrollar plenamente las mismas. En esta ocasión la Consejera ha optado por presentar directamente a los medios dicha información.
Dado el abrumador contexto económico y sociolaboral en el que se puso en marcha la RentaGC, periodo en el que los datos dejaban un balance nefasto de casi 70.000 familias con todos sus miembros en el paro, de cerca 78.000 personas desempleadas que han agotado todas las prestaciones y subsidios, y una tasa de paro disparada sin solución de mejora, la previsión de población potencialmente receptora de la RentaGC quedaba fijada por UGT en torno a unos 27.900 perceptores que cumplirían requisitos de acceso a la Renta, mucho más realista, a nuestro entender que la prevista por la Junta. Las 5.557 solicitantes con derecho a prestación ya dictaminados no suponen siquiera el 20% de esa previsión, un cifra alejadísima de las estimaciones de cobertura más prudentes, realizadas a principios de año. Con una evolución como la seguida en los últimos meses por los indicadores sociolaborales, podemos aseverar que la cobertura es absolutamente insuficiente: resulta muy difícil creer que, con un panorama francamente negativo, solamente 5.557 solicitantes o lo que es lo mismo solo 3 de cada 10 solicitantes tienen derecho a prestación…….El 58,4% de rechazo supone, a nuestro entender un porcentaje excesivamente alto.
Por otra parte, cabe destaca la amplia brecha entre el número de informaciones y el número de ciudadanos que finalmente deciden presentar la solicitud una vez realizada la consulta: de las 69.456 informaciones sobre Renta, tan solo el 23% acaban materializándose en solicitudes, en toda la Comunidad. Aun así, siendo tan pocas las solicitudes que llegan a ser presentadas tras la información, cifradas en 16.217, se deniegan más de la mitad: en torno a 6 solicitudes de cada 10 se desestiman. No parece muy desacertado pensar que podemos encontrarnos ante un serio obstáculo de partida. Es decir, a tenor de los datos, la diferencia tan abultada entre el número de consultas y las solicitudes efectivamente realizadas podría estar indicando una severa criba que impide siquiera iniciar el proceso. Los motivos: bien porque la información no del todo correcta o se traslada de forma incompleta, bien por la complejidad del procedimiento o bien porque la excesiva exigencia de documentación acabe por disuadir al potencial perceptor/a (aunque posiblemente tenga derecho a ella)…..Es necesario analizar esta cuestión en el ámbito correspondiente con el fin de impedir que nadie con derecho se quede sin cobertura, muchos menos sin ni siquiera iniciar la tramitación.
Todas esta cuestiones sitúan a UGT Castilla y León ante la necesidad de trasladar la petición de convocar la Comisión de Seguimiento en la cual, con profundidad y contando con todos los elementos de análisis por lo canales adecuados, podamos evaluar de forma rigurosa, este periodo de implantación y desarrollo inicial de la Renta Garantizada de Ciudadanía. En estos momentos de dificultad debe ser una prioridad asegurar que los miembros cuenten con la información suficiente y adecuada por las vías formales, que permita, en el marco de la Comisión, debatir sobre el estado de la cuestión y coparticipar en la mejora de todo el proceso, para asegurar que la renta llegue a quien lo necesite, eliminado cualquier obstáculo que esté modulando la propia garantía de este derecho.
