13 Jun Para UGT CyL los precios evidencian la caída del consumo y el empobrecimiento de la población
La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo general en el mes de mayo es en Castilla y León del 2,5%, una décima menos que la registrada en el mes de abril y seis décimas por encima de la media nacional (1,9%), lo que nos sigue situando como la Comunidad autónoma más inflacionista.
Entre los grupos que han tenido mayor influencia en esta disminución en la evolución anual son Transporte, con una variación anual del 5,4%, nueve décimas menos que el mes anterior, debido a la bajada de carburantes y lubricantes; Alimentos y bebidas no alcohólicas, que disminuye tres décimas y se sitúa en el 2,1%, En cambio, y a pesar del descenso de la variación interanual del índice general, cabe destacar la subida de los grupos de Vivienda, que con una tasa anual del 6,3%, aumenta siete décimas respecto al mes de abril, dado el aumento del precio del gas; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con una tasa anual del 6,4%, más de un punto por encima a la registrada el mes anterior (5,2%), debido al aumento de los precios del tabaco.
A pesar de la ligera moderación de los precios de este mes de mayo, no hay que llevarse a engaño. Son el reflejo del deterioro de la situación de nuestra economía en general y del consumo interno en particular. Nos encontramos ante un escenario de incremento de las desigualdades en la distribución de la renta, desigualdades que de nuevo perjudican a los más afectados por la crisis y los recortes impuestos por el Gobierno.
A corto plazo, del rescate no se puede esperar sino más recortes y no un aumento del flujo del crédito a las pequeñas empresas, autónomos y familias, dado que las exigencias a las entidades financieras estrangularán aún más el flujo e crédito. Y todo ello bajo la estupefacción de la ciudadanía: existen ingentes recursos económicos para hacer frente al saneamiento y rescate del sistema financiero español y nula voluntad para pelear por financiación y recursos para garantizar el Estado del Bienestar y la atención de las personas más necesitadas ante las nefastas consecuencias de la crisis financiera.
La recesión se alargará en nuestro país como consecuencia de la política económica puesta en marcha, de modo que hay un reconocimiento explícito de que el objetivo no es la recuperación de la economía española, ni, por supuesto, el empleo, sino la reducción del déficit público, que ahora se verá engordado con los intereses de la deuda derivada del rescate. Es decir, el adverso escenario económico 2012-2015 presentado por el Ejecutivo se verá condicionado por las devastadores reformas impuestas por el Gobierno, muchas de las cuales (educación, sanidad, transporte, energía) tienden a repercutir en el usuario parte del coste del servicio que recibe. Es decir, el copago se establece por ley y se expande a todos los servicios sociales. Y es que el aumento de las desigualdades es más que preocupante en nuestro país.
Por otra parte, es imprescindible que el crecimiento moderado de los salarios vaya acompañado de la contención de los beneficios empresariales, además de la reinversión en la actividad productiva e industrial, una política fiscal justa y progresiva y un control eficaz por las autoridades públicas de los precios en los productos y servicios de primera necesidad. Todo esto junto al mantenimiento y la mejora del Estado del Bienestar, garante de la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades, la vertebración social y el progreso de los ciudadanos. Y para ello es forzosa una reforma integral del sistema fiscal, que garantice los ingresos públicos necesarios para la financiación de los servicios públicos esenciales, patrimonio de la ciudadanía de este país.
Ya no puede retrasarse más el cambio de rumbo dirigido al crecimiento, crecimiento sostenible, duradero y equilibrado, que genere empleo estable, de calidad y con derechos, lo que exige un plan para restablecer el equilibrio presupuestario a largo plazo, basado en un sistema fiscal justo, una política industrial dinámica y el compromiso de impulso a la actividad empresarial competitiva. Solo así se logrará una mayor capacidad recaudatoria que consiga una reducción progresiva del déficit público en plazos compatibles con la reactivación económica y la equidad social.
