14 Ago Las políticas impuestas por el Gobierno recortan la capacidad de consumo de los ciudadanos
Según los datos publicados hoy por el INE, la tasa interanual del IPC se sitúa en Castilla y León en el 2,5%, tres décimas más que la media nacional y la mensual descendió tres décimas en el mes de julio, en la línea del mes anterior. Para la Unión General de Trabajadores, estos datos constatan de manera inequívoca la profunda recesión que atraviesa nuestra economía, ya que ni siquiera el periodo estival ha logrado reactivar la actividad económica. Los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo, sobretodo si se tiene en cuenta que en Castilla y León, el 90% de los convenios colectivos están pendientes de renovar y que aquellos que se formalizan están sujetos a una moderación salarial que confirma la no incidencia entre salarios e incremento de los precios. El sindicato considera imprescindible medidas que activen la demanda interna, mediante el consumo y la inversión, en vez de unas políticas que recortan las posibilidades de consumo de los ciudadanos, como las impuestas por nuestro Gobierno o las propuestas del BCE de reducir aún más los salarios en nuestro país. Para UGT, estas medidas caminan en una dirección equivocada, por lo que es necesario un cambio de rumbo en la política económica que se asiente en el objetivo de crecimiento equilibrado y sostenible y apueste por un empleo estable, de calidad y con derechos, mediante el diseño de un sistema fiscal justo, una política industrial dinámica y el impulso a la actividad empresarial competitiva.
Los datos sobre la evolución de la inflación en España conocidos hoy constatan que la situación actual no tiene visos de mejora en el futuro inmediato dado que la subida del IVA acordada por el Gobierno dará lugar a un encarecimiento de los productos, vía impuestos indirectos, que contraerá aún más el consumo, pero también la recaudación, a través de la reducción del propio consumo. No parece ser éste el camino para lograr la reducción del déficit público, porque en España, además de una disminución constante e indiscriminada de gastos, también se está produciendo un grave deterioro de los ingresos, por la falta de actividad económica.
Así las cosas, para generar más recursos para el Estado urge recuperar la actividad económica, mediante la reactivación de la demanda interna, vía consumo e inversión, lo que impulsará el crecimiento económico y la creación de empleo. Las políticas del gobierno no van en esta dirección, como las aprobadas en el reciente Real Decreto-ley 20/2012, puesto que si se recortan las posibilidades de consumo de los ciudadanos, a través del recorte salarial de los empleados públicos y de las prestaciones por desempleo y sin hacer frente a la continua destrucción de empleo, las posibilidades de la recuperación de la actividad económica se volatilizan, agravando más la recesión económica en nuestro país, condenándonos a un negro futuro, con grave riesgo de fractura social.
En este sentido conviene desmentir al Banco Central Europeo (BCE), que considera que la moderación salarial ha sido muy limitada en nuestro país. El incremento salarial medio pactado en Castilla y León hasta julio de 2012 es del 1,56%, es decir, por debajo del IPC, pero es que el aumento medio pactado de los convenios nuevos a los que son de aplicación los criterios en materia salarial del II AENC, en 2012 es del 0,85%, siendo del 0,47% para los convenios nuevos de empresa, por debajo del 0,5% pactado en ese Acuerdo. En el caso de los trabajadores de las administraciones públicas, los recortes salariales y la eliminación de la paga extra supondrá entre un 7 y 8% de reducción de su masa salarial. Al contrario de lo que cree el BCE, no existe margen para reducir aún más los salarios en este país. Ni públicos ni privados.
Para UGT lo peor no es caminar en la dirección equivocada, contra los estímulos al crecimiento, sino hacerlo acompañado de los recortes en el Estado del Bienestar, incidiendo en la desigualdad, la ruptura de la cohesión social y la destrucción de la protección social. España necesita más que nunca un cambio de rumbo inmediato de la política económica, que establezca que el objetivo es el crecimiento, equilibrado y sostenible, que apueste por el empleo estable, de calidad y con derechos.
Para ello una buena línea sería atender a la invitación sindical para la consecución de un pacto por el empleo y la cohesión social, despreciado por el Gobierno, y la de solicitar de los ciudadanos y ciudadanas mediante un referéndum consultivo su opinión sobre las medidas de política económica que viene imponiendo el Gobierno de forma unilateral y que no estaban recogidas en su programa electoral.
