22 Sep Un techo de gasto insuficiente para la recuperación de los Servicios Públicos, del empleo y combatir la desigualdad
Ante el punto específico que se someterá a debate y votación en la sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León sobre el “Techo de gasto no financiero para el ejercicio 2016”, remitido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, por una cuantía de 8.886,3 M€ -que representa un 0,7% de incremento con respecto al ejerció anterior- desde UGT Castilla y León valoramos con preocupación este límite de gasto no financiero al dibujar un escenario presupuestario tanto de estancamiento en las cuentas públicas como de consolidación de los recortes en los servicios públicos esenciales que hemos sufrido a lo largo de años de crisis en la Comunidad Autónoma.
Con este techo de gasto, que condiciona los próximos presupuestos de la Comunidad para 2016, se constata que la supuesta recuperación de la economía no llega a las cuentas públicas, del mismo modo que no está llegando a los trabajadores y trabajadoras en el mercado laboral ni a la inmensa mayoría de la ciudadanía con unas políticas sociales y servicios públicos que acumulan importantes recortes presupuestarios desde el inicio de la crisis económica.
Con este exiguo aumento de 65 M€ -que supone un 0,7%, inferior al 1,1% de 2015 a pesar de que las previsiones de crecimiento del PIB son mejores y se sitúan en el 2,7%- las cuentas de la Comunidad y, por lo tanto, las políticas públicas, entran en una fase de estancamiento cercenando la posibilidad de acometer medidas de envergadura que impulsen la recuperación económica, aumenten la protección social y erradiquen tanto la desigualdad como la pobreza que afecta a importantes capas de la sociedad.
Para UGT Castilla y León el techo de gasto para 2016 presenta principalmente dos deficiencias:
– Los ingresos asociados al déficit se limitan por el más estricto objetivo del 0,3% PIB (0,7% en 2015), perdiendo 225 M€ con respecto al ejercicio anterior.
– Los ingresos disminuyen en la imposición directa, por la bajada de tipos en el IRPF, mientras que aumentan en la imposición indirecta, básicamente a través del IVA, incrementándose una vez más la regresividad de la recaudación.
Desde UGT Castilla y León insistimos en que, con los datos de la Agencia Tributaria y de los Presupuestos de la Junta, existe margen de maniobra suficiente en la imposición directa para profundizar en la progresividad fiscal y aumentar la recaudación, tanto en el tramo autonómico del IRPF para las bases imponibles más altas como en el impuesto de sucesiones y donaciones, impuesto este último con elevados beneficios fiscales por normativa autonómica (cerca de 200 M€ anuales).
Por lo tanto, en primer lugar, para nosotros es necesario un cambio sustancial en la política fiscal regional, que aumente la capacidad recaudatoria y la progresividad fiscal dentro de las competencias de la Comunidad Autónoma, atendiendo a los siguientes criterios:
Haciendo uso del tramo autonómico del IRPF, aumentando el tipo marginal para aquellas rentas que superen los 60.000 € anuales. Pudiendo desdoblarse además el tramo superior (de 60.000 € a 150.000 € y más de 150.000 €, por ejemplo) al igual que se ha hecho con el tramo inferior.
Recuperando en su totalidad el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que ha supuesto una enorme reducción de ingresos a través de beneficios fiscales en los últimos años, beneficiando básicamente a las rentas más altas de la Comunidad.
Y por otro lado, con la nueva vuelta de tuerca del ajuste del déficit, en UGT Castilla y León consideramos urgente la incorporación de un Suelo de Gasto Público para que condicione un techo de gasto al alza y no al revés. Desde nuestro punto de vista, es imprescindible invertir el orden para priorizar las necesidades de las personas, en lugar de establecer un límite de gasto no financiero que provoque un estancamiento de las cuentas públicas y una consolidación de los recortes en las políticas y los servicios públicos esenciales.
UGT Castilla y León viene proponiendo un Suelo de Gasto Público que dote como mínimo de 6.500 M€ en los Presupuestos Generales de la Comunidad a las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades para garantizar unos niveles adecuados de calidad y de prestación de servicios en esas áreas. Entendemos que este es un objetivo realista dado que la Junta de Castilla y León ya ha presupuestado ese nivel de gasto en años anteriores y, además, consideramos que es un objetivo alcanzable si, en el contexto económico actual, se aumenta la capacidad recaudatoria de la Comunidad.
Este suelo debe entenderse como un mínimo para garantizar que no haya más recortes y para evitar que se consoliden todos los que ya llevamos sufriendo en los últimos años.
