14 May Acuerdos políticos y sociales: Meta para reforzar las redes de protección
Artículo extraido de la web cescyl.es
El día 14 de marzo de 2020 se declaró el estado de alarma en España en el que, entre otras medidas, se obligaba a la suspensión o se reducía a mínimos la actividad de la mayoría del sector servicios, salvo excepciones consideradas “esenciales”. Desde entonces, las restricciones a la actividad económica se han ido incrementando de manera progresiva en todo el país y en esta Comunidad. Estamos viviendo una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes. A lo largo de los dos últimos meses, desde UGT hemos mantenido una posición sindical consecuente, marcada por un objetivo claro: alcanzar acuerdos políticos y sociales que refuercen las redes de protección en Castilla y León.
Los efectos de la crisis han diezmado el estado del bienestar. El Gobierno Autonómico se ha dado cuenta de que las reivindicaciones sindicales sobre las políticas públicas no eran un capricho. Desde UGT llevamos años reclamando una política fiscal más progresiva y un suelo de gasto público que dote con recursos suficientes a los servicios públicos esenciales para sostener así nuestro Estado Social.
Hoy más que nunca, exigimos una revisión crítica de las políticas públicas acompañadas de un marco presupuestario que favorezca su eficacia y eficiencia. También que garantice la cohesión social, la universalidad de los servicios esenciales y gratuitos de calidad y la completa cobertura social a todos los ciudadanos de Castilla y León.
Es difícil predecir las secuelas que conllevará esta crisis. La sociedad castellanoleonesa ha sufrido un daño irreparable: un número elevado de fallecidos por la COVID-19, un mercado laboral desestructurado y un fuerte debilitamiento de nuestros servicios públicos. La política de cohesión es la única política que ofrece carácter estable a los servicios esenciales.
Hemos pasado años sufriendo políticas de austeridad con gobiernos que han menospreciando lo público en beneficio de lo privado y modificando de manera estructural el mercado de trabajo para adaptarlo a los intereses de los grandes holdings empresariales. Exponer qué va a pasar cuando finalice el periodo de desescalada e incorporación progresiva a los puestos de trabajo es moverse en suposiciones y deseos más que en algo tangible y constatable. Somos conscientes que la vuelta a la actividad productiva debe de ser un proceso equilibrado de transición que no ponga en peligro la salud y la vida de las personas. El proceso de reincorporación debe de ser tutelado por un diálogo social fluido a nivel de empresa y sector en los centros de trabajo. Además, es imprescindible que se tenga en consideración la posición de los representantes legales de los trabajadores si se desea un proceso ordenado de vuelta a la actividad.
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