12 Jul Con el Diálogo Social de Castilla y León en la cuerda floja pierde la ciudadanía
La reunión mantenida por los miembros del Consejo del Diálogo Social el lunes 11 de julio durante más de tres horas sirvió para constatar que el gobierno de coalición, formado por PP y Vox, se niega a cumplir los acuerdos firmados por el presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco, en diciembre de 2021.
Así ha quedado patente con la postura manifestada por el consejero de Empleo (Vox), Mariano Veganzones, que insistió en que había que renegociar todos los acuerdos vigentes, lo que provocó el rechazo de sindicatos y patronal porque “esos acuerdos ya están negociados, firmados y presupuestados para 2022”, según señaló el secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, y afectan, además, no solo a las consejerías dirigidas por Vox sino a otras del PP como son las de Familia, Educación, Hacienda, Presidencia y la anterior consejería de Fomento.
Si no cumplen lo firmado, el Diálogo Social se judicializará
En este sentido, Temprano echó en falta que Mañueco verbalizara el compromiso de cumplir todos los acuerdos suscritos con las correspondientes partidas recogidas en los presupuestos prorrogados de 2022 y, al mismo tiempo, lamentó que la última propuesta del presidente de la Junta de Castilla y León y del Consejo del Diálogo Social fuera la convocatoria de los grupos de trabajo para desbloquear la situación, a las que asistirán, a pesar de la falta de lealtad demostrada hacia sindicatos y patronal, por respeto a las instituciones.
Sin embargo, terminó advirtiendo el responsable de UGTCyL en Castilla y León, si no se cumplen los acuerdos vigentes se recurrirá a la vía judicial para que sean los tribunales quienes resuelvan.
Pierde Castilla y León
Tras la reunión, en la estuvieron presentes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el vicepresidente Juan García-Gallardo, el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, el secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, el secretario general autonómico de CCOO, Vicente Andrés, y el presidente de CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, entre otros, quedó patente la preocupación y la decepción entre los responsables de los agentes económicos y sociales porque esta situación solo sirve, según manifestaron, para crear incertidumbre, poner en riesgo muchas inversiones para Castilla y León y deteriorar los servicios que, con su ejecución, reportan beneficios al conjunto de la ciudadanía.
