22 May Concentraciones en Castilla y León contra la privatización y el desmantelamiento de la Administración de Justicia
ICAL
Los trabajadores y las trabajadoras de la Administración de Justicia se han concentrado esta mañana en Castilla y León, ante las sedes de los Juzgados, en defensa de todos los puestos de trabajo, de los derechos laborales y sociales, y contra la privatización del registro civil y de los servicios comunes de notificaciones y embargos.
La protesta, como ha destacado, Ángel Espinosa, responsable del sector de Justicia en Valladolid, es una más de las protagonizadas en los últimos meses en el sector y muestra el rechazo de los trabajadores a las propuestas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, que pretenden suprimir miles de puestos de trabajo en toda España, además de privatizar un servicio público.
La Plataforma Sindical, de la que UGT forma parte, se manifiesta en contra de:
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La Ley de Tasas ya que supone un ataque al principio de tutela judicial efectiva e introduce un mero afán recaudatorio
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La Reforma de la Ley del Registro Civil que suprime unos 3.500 puestos de trabajo en los Juzgados, Registros Civiles Únicos y Exclusivos, además de resultarle más gravoso al ciudadano en beneficio de los Registradores.
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La Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por ampliar las funciones de comunicación y ejecución de los Procuradores que dejará sin competencias a miles de funcionarios del Cuerpo de Auxilio y a gran parte de los Servicios Comunes. Además, el procurador ya no necesitará testigos ya que ostentará la capacidad de certificación, tendrá carácter de Agente de la Autoridad.
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La Reforma de la LOPJ que pretende suprimir todos los Juzgados de Paz y los Partidos Judiciales.
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La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que va a encomendar la instrucción de los procedimientos penales a los fiscales y que en ningún caso supondrá la agilización de estos procedimientos.
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La reforma del Código Penal que contendrá con casi total seguridad la eliminación de las Faltas que pasarán a estar despenalizadas o a ser delitos.
Todo ello, a juicio de los Sindicatos, significará el traslado forzoso a las capitales de provincia o grandes ciudades de los miles de funcionarios destinados en los Juzgados de Paz y en los Juzgados de partido que desaparecen. La LOPJ no garantiza, además, el destino en el mismo municipio.
En definitiva, se puede establecer una cifra de afectados próxima a los 13.500 puestos de trabajo. En la actualidad, el personal titular no puede ser despedido, por lo que los traslados forzosos, motivados por la desaparición de un gran número de órganos judiciales, pasarán a ocupar las plazas que actualmente desempeña el personal interino.
