Una treintena de organizaciones sociales de Castilla y León suscriben la Declaración de UGT por la Defensa de los Servicios Públicos

28 Nov Una treintena de organizaciones sociales de Castilla y León suscriben la Declaración de UGT por la Defensa de los Servicios Públicos

(UGTCYL: Texto Declaración)

Los servicios públicos y las transferencias sociales que conforman la seña de identidad del modelo social europeo se encuentran seriamente amenazados por la grave situación de crisis económica, y muy especialmente por la aplicación de severas políticas económicas de recortes y austeridad fiscal, que contribuyen a su debilitamiento con la consiguiente perdida de calidad en la prestación de sus servicios y de derechos que supone para el conjunto de la ciudadanía.

Y es que, esta crisis está siendo aprovechada como excusa para golpear el ‘Estado del Bienestar’ y pilares sociales básicos como la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales, cuestionando su sostenibilidad con el propósito de ir desmantelando su carácter universal y gratuito. En esta misma línea, proliferan voces que demandan de forma reiterada la necesidad de introducir nuevas fórmulas de copago en los servicios públicos esenciales, así como una mayor presencia de la iniciativa privada su gestión.

Las entidades firmantes de la presente Declaración, defendemos que la salida de la crisis económica, en España o en Castilla y León, no puede llevarse a cabo incrementando las desigualdades sociales, deteriorando las prestaciones sociales básicas, y socavando los cimientos del Estado de Bienestar. Reducir la naturaleza de lo público a la mínima expresión, así como su privatización constituye, si lugar a dudas, el punto y final de un modelo que garantiza derechos constitucionales y redistribuye la riqueza de nuestro país de forma más equitativa propiciando la cohesión social entre los ciudadanos y ciudadanas.

Lejos de lo que se pretende trasladar, nuestro sector público no esta sobredimensionado, al contrario: nuestro país arrastra un déficit social histórico, con un todavía escaso desarrollo de su Estado del Bienestar, como consecuencia directa de ser uno de los países de la Unión Europea que menos aporta en términos de PIB a gasto público social, 10 puntos menos que los países del norte de Europa. Algo que, lógicamente, tiene una traslación inmediata en la fortaleza y en la calidad de los servicios públicos, siendo España uno de los países de la Unión Europea que tiene un porcentaje menor de empleados públicos, trabajando en los servicios esenciales del Estado del Bienestar, llegando a alcanzar 15 puntos de diferencia negativos con Suecia.

El fracaso de determinados modelos económicos, considerados por algunos sectores políticos como ejemplos a seguir, entre otros motivos por la escasa política fiscal que condenó a los servicios públicos a un carácter residual, ha abierto una profunda fractura en su cohesión social. La experiencia ha mostrado la ineficacia de aquellas recetas encaminadas a debilitar la sostenibilidad de nuestro modelo social, y nadie puede discutir que una alta inversión presupuestaria en el Estado del Bienestar fortalece el desarrollo económico y la competitividad, tal y como han puesto de manifiesto los países del centro y del norte de Europa con sus políticas sociales.

Las organizaciones firmantes de esta Declaración, demandamos el reforzamiento de nuestro modelo social, mediante el desarrollo de políticas que prioricen las necesidades de las personas sobre los interese de los mercados. En este sentido, desde las Administraciones Públicas, debe reconocerse el derecho de todas las personas a acceder a unos servicios públicos que sean universales, en su alcance y disponibilidad, sin distinciones que pudieran basarse en condiciones sociales, económicas o geográficas, y ese derecho debe promoverse en términos de igualdad de género y de equidad. La garantía de igualdad de acceso a unos servicios públicos eficaces constituye una de las obligaciones irrenunciables que los Estados democráticos y, desde sus distintos niveles competenciales, deben de propiciar un sector público fuerte y estratégico.

Son objetivos irrenunciables y prioritarios , a pesar de la crisis, que el conjunto de los trabajadores y de los ciudadanos de Castilla y León en particular, y de España en general, puedan mejorar su nivel de vida, y que desde las Administraciones Públicas se garantice el mantenimiento y desarrollo de unos servicios públicos que contribuyan al fortalecimiento de un Estado de Bienestar que haga efectivo el derecho de todos a la salud, a la educación, a la atención de nuestros dependientes y a la protección social.

A su vez, defendemos el papel de los empleados públicos y rechazamos las campañas de desprestigio hacia los trabajadores que prestan servicio a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y en situaciones de necesidad como es el caso de los cuidan a los enfermos y mayores, los que educan a niños, jóvenes y adultos, quienes garantizan las seguridad y la justicia, o quienes desempeñan funciones de socorro y responden en situaciones de emergencia.

Nuestros servicios públicos son eficientes y reconocidos en todo el mundo por su prestigio. Además cuentan con el respaldo de la inmensa mayoría de la sociedad, tal y como ponen de manifiesto los diversos sondeos de opinión por su contribución a la justicia social y la igualdad de oportunidades.

Los colectivos firmantes de esta Declaración, sostenemos que es una obligación de las Administraciones Públicas, y en nuestro caso muy especialmente de la Junta de Castilla y León, proteger al conjunto de la ciudadanía garantizando la financiación de nuestro modelo social, y para ello apostamos por la incorporación legislativa de un suelo mínimo de inversión pública en el Estado del Bienestar y los servicios públicos, así como una reforma de nuestro sistema fiscal que mejore los ingresos con el objetivo de reducir el déficit y mantener la inversión en el Estado del Bienestar.

Sin lugar a dudas, defender el Estado del Bienestar y los Servicios Públicos, de tal forma que cada derecho sea efectivo por un servicio público, requiere en estos momentos de alianzas entre las Organizaciones y Entidades que vertebran nuestra sociedad con el propósito de preservar conquistas sociales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Y en esa labor, los colectivos firmantes, comprometemos nuestro empeño en su defensa.

1.    Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León (CAVECAL)
2.    Consejo de la Juventud de Castilla y León (CJCyL)
3.    Unión de Consumidores de Castilla de Castilla y León (UCE)
4.    Red Europea de Lucha Contra la Pobreza de Castilla y León (EAPN)
5.    Alianza por la Unidad del Campo (COAG – UPA)
6.    Asociación de Jueces Por la Democracia de Castilla y León (JPD)
7.    Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Castilla y León (CONFAPACAL)
8.    Federación de Asociaciones de Estudiantes de Centros y Universidades de Castilla y León (FAEST)
9.    Asociación de Estudiantes MAS Castilla y León (MASCyL)
10.    Concejo Educativo de Castilla y León
11.    Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)
12.    Organización de Mujeres Trabajadoras Autónomas (OMTA)
13.    Unión de Transportistas (UNIATRANS)
14.    Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR)
15.    Alianza Regional de Autónomos de Castilla y León (ARACyL)
16.    Asociación Hispanoamericana Juan Pablo Duarte
17.    Asociación de inmigrantes Mundo Solidario
18.    Asociación de inmigrantes Pacto Andino
19.    Asociación de Inmigrantes ABEDA
20.    Asociación de Inmigrantes AICL
21.    Asociación de Inmigrantes ACBL
22.    Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España de Castilla y León (FERINE)
23.    Asociación HUEBRA Red de Grupos de Desarrollo Rural de Castilla y León
24.    Unión Federal de Policías (UFP)
25.    Coordinadora de ONGD’s de Castilla y León
26.    Asociación de Empresas de Sociedades Laborales de Castilla y León(AEMTA)
27.    Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGTCyL)

 

 

Noticias Relacionadas