01 Oct Día Internacional de las Personas Mayores
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, los jubilados y pensionistas de UGT y CCCOO de Castilla y León, como parte de una campaña a nivel nacional, han denunciado la situación en la que se encuentran.
Durante los últimos años las medidas de austeridad que se han tomado para salir de la crisis se han demostrado inútiles, consiguiendo únicamente socavar el Estado de Bienestar.
En este sentido desde la UJP de UGT Castilla y León se ha criticado que los recortes en sanidad, pensiones o dependencia se están traduciendo en una importante reducción de los recursos materiales disponibles para la población mayor. A esto hay que añadir una triste realidad y es que las personas mayores se están convirtiendo, cada vez más, en sustentadoras principales o únicas de las familias formadas por sus hijos.
Se impone el incremento del 0,25% en las pensiones durante los tres próximos años, el mínimo previsto por la última reforma del sistema de pensiones lo que supondrá una pérdida de tres puntos de poder adquisitivo de los pensionistas; en cuanto a la Ley de Dependencia desde un principio Rajoy la consideró inviable por lo que está derogándola de forma encubierta al asfixiarla económicamente.
Especialmente graves son los recortes sufridos en Sanidad al anteponerse el objetivo económico a los efectos que los recortes puedan tener sobre la salud repago farmacéutico, aumento de las listas de espera, incremento del número de medicamentos excluidos del Sistema Nacional de Salud, reducción de la cartera de prestaciones y, por supuesto, la potenciación de las fórmulas de gestión privada.
Ante esta situación las reivindicaciones son claras: el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, teniendo en cuenta que el 52% de los pensionistas de Castilla y León se encuentra por debajo del umbral de la pobreza; frenar los recortes que en materia sanitaria se están llevando a cabo vía reformas; un tipo superreducido del 4% del IVA para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación. Y del 10% para el gas, calefacción y electricidad; que las políticas sociales cumplan con su objetivo de ayudar a los colectivos más necesitados y cubrir sus necesidades básicas; sociales, de alimentación, sanidad y vivienda entre otras; el establecimiento de un auténtico bono social para la electricidad y gas como medida contra la pobreza energética para garantizar el suministro básico de todos los hogares e impida los cortes de suministro.
También nos oponemos a la reforma de la Ley de Régimen Local ya que potenciará la privatización de la gestión de los servicios sociales de base, lo que hará que millones de familias pierdan sus derechos ciudadanos eliminando servicios y conllevará la pérdida de miles de puestos de trabajo
