El 75% de los empleados públicos ha secundado la Huelga

08 Jun El 75% de los empleados públicos ha secundado la Huelga

La Unión General de Trabajadores cifra en un 75% el seguimiento de la Huelga convocada en el sector público para mostrar un absoluto rechazo a las medidas de ajuste económico del Gobierno y que se traducen en un recorte del 5% en los salarios públicos.

Así lo ha manifestado el Secretario General de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto, en la concentración convocada este mediodía ante la sede de la Delegación del Gobierno en Valladolid, en la que han participado más de 200 sindicalistas de los tres sindicatos convocantes ( UGT, CSI-F y Comisiones).

Prieto ha destacado que se trata de un “primer aviso” al Gobierno si éste insiste en tomar decisiones lesivas para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país, en clara alusión a la reforma laboral. Si eso ocurriera, la Huelga General “está servida” y además, tendrá una respuesta más contundente.

UGT ha calificado el recorte salarial a los empleados públicos como una “tropelía” y un “robo” de más de 400 millones de euros, que es la cantidad que dejarán de percibir en las nóminas de los próximos meses y que, para el Sindicato, incidirá directamente en el consumo de la economía regional.

Los sindicatos convocantes han denunciado, una vez más, la imposición de unos servicios mínimos abusivos, y han reclamado al Poder Judicial que se cumplan las sentencias dictadas en otras convocatorias en este sentido.

A las 20:00 horas, los empleados públicos están llamados a concentrarse en Castilla y León ante las subdelegaciones del Gobierno. En Valladolid, la concentración está convocada en la Fuente Dorada.

La participación está siendo significativa en algunos sectores aunque los primeros datos oficiales se ofrecerán en Valladolida las 11:00 horas, momento en el que los integrantes de los piquetes informativos se concentrarán en la explanada del Edificio de Usos Múltiples. Allí está previsto que se atienda a los medios de comunicación.

Los sindicatos convocantes ya han calificado como abusivos los servicios mínimos fijados por el Gobierno.

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