06 Ago El Gobierno no prorroga el programa PREPARA que finaliza el 15 de agosto
UGTCyL considera que la eliminación del programa PREPARA, que finaliza el 15 de agosto, por parte del Gobierno supondrá que cerca de 600.000 desempleados al año, cerca de 18.000 en la región, carezcan de la mínima cobertura económica para hacer frente a las necesidades básicas de la vida diaria. El sindicato denuncia esta supresión cuando hay 96.000 desempleados en Castilla y León que no perciben ningún tipo de prestación y cuando la tasa de cobertura de la prestación está disminuyendo cerca de 20 puntos en dos años. UGT señala que esta medida se suma al recorte de un 21% de las políticas activas de empleo y a la reducción generalizada de las prestaciones por desempleo, una agresión a los más débiles. En Castilla y León, sin embargo, el Diálogo Social sigue dando sus frutos y el trabajo sindical ha logrado que la Junta prorrogue la ayuda de 400 euros a los parados sin ninguna prestación.
UGTCyL considera que la eliminación del programa PREPARA, que finaliza el 15 de agosto, por parte del Gobierno supondrá que cerca de 18.000 desempleados al año en la región carezcan de la mínima cobertura económica para hacer frente a las necesidades básicas de la vida diaria, empeorando aún más la situación de la población española en esta recesión económica.
El sindicato manifiesta que el número de beneficiarios que han participado en este programa desde febrero de 2011 hasta mayo de 2012 asciende a casi 15.000 desempleados y su supresión provocará una mayor escasez de recursos para los potenciales perceptores de esta subvención, que ascienden a 4.000 al mes.
UGT recuerda que la eliminación de este programa de empleo, que tiene una subvención de 400 euros, se suma al recorte del 21% de las políticas activas de empleo (con especial incidencia a las partidas destinadas a la mejora de la inserción y ocupabilidad de los desempleados, que sufren un ajuste inasumible) y a la reducción generalizada de las prestaciones por desempleo anunciada ya por el Gobierno, que supondrá que cerca de 18.000 perceptores de prestaciones se queden sin ellas. Una agresión en toda regla al sistema de protección social de nuestro país que golpea a los ciudadanos que más están sufriendo el impacto de la crisis, como son los que han perdido su puesto de trabajo.
El Gobierno ya reconoce la incapacidad de los Servicios Públicos de Empleo para captar ofertas de trabajo pero, en vez de incentivar la creación de empleo, recorta las prestaciones con el pretexto de estimular la búsqueda de empleo. Pero el problema es que no hay empleo porque no hay actividad económica y con una destrucción masiva del mismo, que se acrecienta mes a mes, y una tasa de desempleo que se acerca al 25%, el Gobierno debería rectificar estas políticas tan lesivas para la población de este país.
En Castilla y León, sin embargo, el Diálogo Social sigue dando sus frutos y el trabajo sindical ha logrado que la Junta prorrogue la ayuda de 400 euros, el denominado PIE, a los parados sin ninguna prestación.
