El retraso en el pago a los trabajadores por parte del FOGASA es inadmisible

13 Feb El retraso en el pago a los trabajadores por parte del FOGASA es inadmisible

Valladolid, Salamanca, Segovia y Zamora han sido las provincias de Castilla y León en las que se han llevado a cabo concentraciones frente a las unidades administrativas del Fondo de Garantía Social (FOGASA), convocadas por UGT y CCOO, como protesta ante los inadmisibles retrasos que se están produciendo en los pagos a los trabajadores; situación que se hace doblemente costosa para los trabajadores afectados ya que, por un lado sufren la insolvencia de las empresas y, por otro, están padeciendo un retraso desmesurado en el abono de lo adeudado por para el Ministerio de Empleo, lo que está provocando situaciones trágicas e insostenibles.

Ambas organizaciones sindicales han presentado un plan alternativo global al Ministerio adaptando las necesidades del FOGASA a los recursos, tanto técnicos como humanos, a las necesidades actuales del servicio, cuestiones que no han sido tenidas en cuenta por parte del Ministerio, quien solo es capaz de responder antes estos retrasos con la subcontratación de la gestión del servicio a la empresa Tragsatec, consiguiéndose retrasar aún más los expedientes y con ello su abono a los trabajadores.

Para revertir esta situación se ha entregado en todas las Unidades Administrativas del FOGASA en Castilla y León un documento en el que se solicita el pago por parte del FOGASA, de forma apremiante a los trabajadores con expedientes iniciados, de los salarios e indemnizaciones que las empresas para las que trabajaban no han podido satisfacer.

Además se pide la actualización inmediata de los recursos humanos y materiales conforme a las necesidades reales del FOGASA, siempre dentro del empleo público y evitando las subcontrataciones de servicios públicos.

Por último UGT Castilla y León considera necesario, y así lo ha solicitado, concretar una solución global y definitiva que sea capaz de llevar al FOGASA a unos niveles de gestión, de calidad del servicio a la ciudadanía y de condiciones laborales de su plantilla, mínimamente satisfactorios, para que todo ello repercuta en beneficio de las personas que reciben prestaciones, acortando los largos períodos de espera y cum0liendo con la legalidad: tres meses en la resolución del expediente.

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