14 Nov FETE-UGT defiende la Educación para la ciudadanía como materia necesaria para la labor docente
Desde el respeto al poder judicial que siempre ha observado nuestra organización, queremos expresar nuestra perplejidad ante esta decisión. Manifestando la preocupación por la situación en la que van a quedar estos alumnos y los posibles problemas que se van a producir en los centros a los que asisten.
Asimismo, siendo los contenidos de esta asignatura los principios básicos del Estado de Derecho Democrático y Constitucional, no entendemos en qué se basan las personas que se oponen a ella, como tampoco entendemos que ha podido ver el TSJ de Castilla y León contrario a derecho en esta asignatura.
El conocimiento de la sociedad y la democracia, educar en valores y luchar contra la intolerancia no pueden ser motivo de acciones de la justicia. Unas acciones que se amparan precisamente en esos mismos principios. Además, igual que el resto de materias, Educación para la Ciudadanía se encaja en el ideario del centro, siendo los centros y los docentes quienes determinan qué se enseña y cómo se hace.
El contenido de la materia es muy útil para atajar la violencia escolar, socializar al alumnado de otras culturas y es una estupenda herramienta para la convivencia. Además, es objetivo de la asignatura el desarrollo del espíritu crítico y la formación de ciudadanos activos y responsables con su entorno.
Frente a esta realidad, somos testigos de cómo los sectores ultraconservadores se niegan a educar en democracia. Llama la atención la situación de la sociedad española y la creciente diversidad de tradiciones y confesiones religiosas, lo que puede explicar en parte las reticencias hacia una materia fuera del control que tradicionalmente la Iglesia Católica venía ejerciendo en el mundo educativo.
Mientras, la administración regional de Castilla y León, se muestra ambigua e irresponsable, generando confusión en la comunidad educativa y en la opinión pública. Afirmando que a pesar de “no gustarles nada esa asignatura han actuado con “responsabilidad y rigor”.
Con respecto a lo primero, no podemos entender como no les gusta a nuestra administración regional educar en tolerancia y democracia. Respecto a la responsabilidad es inexistente, sobre todo tras la Instrucción de 29 de agosto de 2008, que da cobertura y apoyo encubierto a la objeción. No cumpliendo con la impartición de una asignatura más del currículo, que por tanto es obligatoria y necesaria para promocionar. En vez de mostrar directrices claras para aplicar una asignatura que emana directamente de los derechos constitucionales y las directrices marcadas en Europa (recomendaciones del Consejo de Europa sobre Educación para la Ciudadanía Democrática 2002 y Estrategia de Lisboa 2000).