FSP-UGTCyL denuncia que se juegue electoralmente con los derechos de los Empleados Públicos

14 Sep FSP-UGTCyL denuncia que se juegue electoralmente con los derechos de los Empleados Públicos

La Secretaria General de FSP-UGTCyL, Carmen Ámez, ha denunciado la actuación del gobierno central, calificándola de bochornosa, al aprobar un crédito extraordinario para abonar el 26,23% de la paga extra suprimida en 2012 que afecta únicamente al 8% de los empleados públicos del país.

Esto supone dejar al resto de de empleados públicos a la espera de un acuerdo en su Administración Pública siempre que la situación económica y financiera de ésta lo haga posible. Así mismo se establece que el abono si no es posible por la situación económica financiera se pueda hacer en el primer ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita.

Además, ha manifestado que no existe fecha cierta con respecto a devolución ni de este porcentaje ni del próximo, reconduciendo la situación a la indeterminación del Proyecto de Ley de Presupuestos para el 2016, aun no aprobado y cuya ejecución no dependerá del actual Gobierno, sino del que resulte elegido en las próxima elecciones generales.
El Gobierno Central, limita el máximo de la devolución, y en ningún momento minoran el alcance de las previsiones contenidas en su día en el apartado 4 del art. 2 del Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de Julio.

Para Ámez la devolución de la paga extra no es sinónimo de recuperación salarial, ya que no resuelve la pérdida de poder adquisitivo acumulado durante la legislatura tras sucesivos recortes y congelaciones que, además de tener una negativa incidencia sobre su actual salario, tendrá una nefasta repercusión en la generación de las futuras pensiones a percibir por los empleados públicos.

Ha indicado que el Gobierno no puede vender la idea de que la vuelta a las condiciones anteriores a 2012 de ciertos derechos, signifique una mejora para los empleados públicos zanjando así la deuda que tenía con ellos. Se han perdido muchos empleos públicos en los últimos cuatro años, se han reducido los fondos destinados a la acción social y a los planes de jubilación, se recortaron las retribuciones en caso de incapacidad temporal y se amplió la jornada.

En cuanto a los días adicionales, la responsable d la Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y León ha recordado que desde el Sindicato se ha reivindicado repetidamente su devolución, encontrándose con la negativa del Ministerio de Administraciones Públicas. Ahora, el gobierno cambia su estrategia y, mostrando nuevamente su talante antidemocrático, lo hace mediante un Real Decreto, adelantándose incluso a la tramitación de la ley de PGE, en una maniobra claramente electoralista, ya que ni fija la obligación para todas las Administraciones Públicas , como si hizo en el año 2012 , ni fija la fecha de devolución.

El Gobierno dicta un Real Decreto para devolver parte de los derechos usurpados, como si fuera un premio para los empleados públicos, y vende a la sociedad la falsa idea de que les está haciendo partícipes de la recuperación económica. Sin embargo, mientras en 2012 suprimió la paga extra y días de libre disposición, congeló salarios y alargó jornada laboral a todos los empleados públicos, ahora los reintegra solo a los trabajadores de la Administración General del Estado.

Aunque desde UGT celebramos la devolución de ciertos derechos, consideramos estas medidas claramente insuficientes y con un obvio cariz partidista, ante la pérdida de poder adquisitivo sufrida -una circunstancia que ya incluso afecta al cálculo para sus pensiones por jubilación.

Por último, Carmen Ámez ha señalado que desde FSP-UGTCYL se ha presentado una petición al Consejero de la Presidencia solicitando una reunión urgente de la Mesa de Empleados Públicos para tramitar la devolución de todos los derechos de los empleados públicos de esta Comunidad.