Justo, razonable y necesario

09 Oct Justo, razonable y necesario

Miriam Chacón. Agencia ICAL

Así definió el Secretario Federal de la Administración General del Estado de FSP-UGT, Carlos Javier Álvarez, el incremento de al menos el 2% que la FSP pide para los empleados públicos dependientes de la Administración General del Estado (AGE), y que en Castilla y León son 163.877 según constató la Secretaria General de FSP-UGTCyL, Carmen Ámez, en la rueda de prensa en la que ambos participaron en Valladolid.

Ante las continuas muestras que transmite el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la “voluntad” del ejecutivo de cumplir con la palabra ante la devolución a los funcionarios de parte de la paga extra (25%), Carmen Ámez fue rotunda la manifestar que los derechos laborales de los empleados públicos de la Administración General del Estado no son concesiones graciosas ni graciables sino conquistas sociales logradas a lo largo de muchos años y que no pueden ser moneda de cambio para cuadrar los Presupuestos Generales del Estado mientras se renuncia a recaudar de grandes empresas, fortunas, etc.

También criticó el tono “chulesco” de ciertos mensajes del estilo “vamos a darles una alegría a los funcionarios” porque vienen a significar una total falta de respeto a los empleados de la Administración General del Estado, y no lo vamos a consentir, manifestó Carmen Ámez.

Este último lustro hemos asistido a una de las más graves campañas de deslegitimación de los Servicios Públicos, del Empleo Público y del sindicalismo de clase bajo el falso mensaje de que resultan ineficientes, costosos y anacrónicos en un entorno de creciente crisis donde las recetas aplicadas de forma reiterada (recortes) han demostrado lo infructuoso de su resultado, con efectos muy negativos para la ciudadanía y el Estado de Bienestar.

Así, los decretos, recortes, reformas y demás medidas del Gobierno, han vulnerado el derecho a la Negociación Colectiva en la AGE, impidiendo su capacidad para ordenar con eficacia las relaciones laborales, lo que ha generado negativas consecuencias sobre los derechos individuales y colectivos de los empleados públicos de la AGE, degradando aún más los niveles de estabilidad, volumen y calidad en el empleo.

Recordó que hace tan solo unos meses, concretamente en diciembre de 2013, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas manifestaba que recurriría la devolución de la paga extraordinaria y amenazaba a nuestra comunidad de Castilla y León con un recurso ante el acuerdo relativo a la devolución de la paga al que había llegado con las organizaciones sindicales.

En este sentido, Ámez recordó a los señores Montoro y Beteta que en el último año se han conocido un desmesurado número de sentencias que condenan a la Administración Pública a pagar los 44 días por irretroactividad de las leyes además de a costas e intereses de demora; indicando que si ha existido y existe despilfarro en la Administración General del Estado es el que se ha hecho por nuestros propios políticos, consintiendo y omitiendo las responsabilidades como gestores en la administración.

Han reducido el empleo público, no hay tasa de reposición y la oferta de empleo público ha sido nula. Estos cuatro años han sido una “auténtica burla” al colectivo de empleados públicos de la Administración General del Estado, utilizados como chivos expiatorios.

Esperemos que detrás de esta voluntad política no se esconda una oportunidad electoralista.

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