27 Jul La EPA constata que la política del Gobierno destruye empleo.
Los datos de la Encuesta de Población Activa referentes al segundo trimestre del año 1012, hechos públicos oficialmente hoy por el INE, recogen un aumento de 40.700 parados en Castilla y León en datos interanuales, respecto al segundo trimestre de 2011, lo que eleva el total de desempleados hasta los 234.000. Esto, unido al estancamiento de la población activa, sitúa la tasa de paro en el 19,76%, 3,43 puntos más respecto al segundo trimestre de 2011. La tasa de actividad de Castilla y León es más de 4 puntos inferior a la media nacional.
Estos datos no vaticinan nada bueno para el conjunto del año pues este segundo trimestre es el que marca la tendencia del conjunto. Por lo tanto, estamos hablando de un año de destrucción de empleo y, según todo apunta, la destrucción de empleo será mayor de la anunciada, a la vista de las últimas medidas adoptadas y la crítica situación de nuestra economía.
Porque las medidas adoptadas no favorecen la recuperación económica, ni tampoco se prevé que se pueda crear empleo ni a corto ni a medio plazo, sino todo lo contrario, a la vista de la EPA hoy conocida.
El segundo trimestre de 2012 refleja el despropósito de las políticas de este Gobierno, que no son las adecuadas para hacer remontar la economía ni, mucho menos, el empleo.
Tras las primeras repercusiones de la reforma laboral, en forma de mayor destrucción de empleo en el primer trimestre del año, en este segundo se añaden las medidas de la mal llamada austeridad que el Gobierno implanta sin ton ni son, y que se harán más visibles en la EPA del tercer trimestre, cuando entre en vigor, entre otras, el aumento del IVA.
Si además se recortan las posibilidades de consumo de los ciudadanos (reduciendo los salarios de los empleados públicos, destruyendo empleo y eliminando o reduciendo prestaciones por desempleo), la recuperación cada vez está más lejana.
El aumento en la contratación que la reforma laboral pretendía no se produce por la recesión económica en la que continuamos profundizando, según ha avanzado el Banco de España.
Claramente entonces no todo se debe a la herencia recibida, sino al tipo de políticas que se están llevando a cabo en toda la Unión Europea, con especial intensidad en nuestro país, cuyo único objetivo pretende el ajuste de las cuentas públicas, reduciendo gastos para lograr el déficit establecido como límite en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Desde que este Gobierno tomara posesión todas las actuaciones de política económica han ido encaminadas a lograr ese objetivo, sin considerar que para poder reducir el déficit también hay que ingresar, y no hay ingresos si no hay actividad económica. Es imposible que se alcancen los objetivos establecidos únicamente con políticas de recorte y eliminación del Estado del Bienestar. El Estado del bienestar no es insostenible porque sea un lujo: es una necesidad para que el crecimiento económico (cuando se recupere) se base en la solidaridad, en la equidad y en la justicia social. Destruir el Estado del Bienestar, como lo está haciendo el Gobierno, es sentar las bases de una sociedad más desigual, con mayor riesgo de pobreza, con una mayor precarización, y con menores posibilidades de recuperación y crecimiento a largo plazo.
No sólo se sigue destruyendo empleo, a un ritmo más elevado debido a la recaída incesante de la actividad económica, sino que se hace en peores condiciones para los trabajadores. Y las condiciones para los que no ven destruido su puesto de trabajo, pero sí modificado (reducción o suspensión) también se depauperan.
¿Qué medidas habría que tomar? Si el objetivo de la política económica es favorecer las condiciones para el crecimiento y desarrollo económicos, así como la cohesión social y la protección de la ciudadanía, las medidas han de encaminarse a estimular la actividad económica favoreciendo el mantenimiento y la creación de empleo con un mínimo de calidad. No podemos seguir destruyendo empleo y eliminando la calidad de los trabajos, porque los trabajadores, además, somos consumidores. El motor de la economía ha estado siempre en la demanda nacional, no podemos pensar que, aunque el sector exterior mejore, sea el que nos saque de la situación en la que nos encontramos. Puede servir de estímulo, de arranque, pero no tiene capacidad para tirar de toda la economía. Y menos si nuestro principal destino (Europa) se encamina a una mayor recesión (como ya avanzaban los datos del Reino Unido conocidos esta semana).
No se puede abandonar a los que han perdido su puesto de trabajo y, por el continuo empeoramiento de la situación económica, no pueden encontrar un empleo. No es que no lo busquen, es que no lo hay. Reducir las prestaciones de los desempleados en un contexto de destrucción de empleo y con el 13,3% de los hogares con activos donde todos sus miembros están en paro, mientras se apela a la sensibilidad de las medidas, es una inmoralidad.
Por eso, por un cambio en las políticas económicas, porque sí hay otras posibilidades, no vamos a parar. En septiembre, las organizaciones que hemos participado en la Cumbre Social celebrada en Madrid el 25 de julio, nos proponemos intensificar la movilización social y democrática para hacerla más contundente y masiva, para decir NO a tanta injusticia.
