La reforma laboral aumenta la incidencia del estrés y el coste para el sistema sanitario

26 Abr La reforma laboral aumenta la incidencia del estrés y el coste para el sistema sanitario

Los datos científicos disponibles arrojan evidencias del terrible impacto de las crisis económicas en la salud mental de los trabajadores, algo que repercute negativamente en los sistemas sanitarios y de seguridad social, porque se multiplican las patologías psíquicas. Para UGT la reforma laboral, simultánea a la reforma sanitaria, -ambas en la misma lógica de reducción de costes-, provoca efectos contrarios a los perseguidos, ya que se terminan ofreciendo servicios de peor calidad.

Con motivo de la conmemoración el 28 de abril, del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, UGT ha celebrado hoy en Valladolid, junto a CCOO, una Jornada de reivindicación y sobretodo de denuncia, para poner en evidencia que los daños derivados del trabajo son evitables y que los empresarios y poderes públicos tienen responsabilidad en su prevención.

Así lo señalaba el Secretario Regional de Acción Sindical de UGT, Faustino Temprano, en la inauguración del acto que bajo el título “La Salud en el Trabajo en tiempos de crisis”, ha analizado la incidencia de la crisis del empleo en la labor de la Fiscalía así como la labor desarrollada  por la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y los Servicios de Prevención.

Temprano se ha mostrado partidario de formar a los representantes de los trabajadores para promover en sus empresas procesos de negociación que permitan implantar políticas eficaces de gestión preventiva. Políticas que no sólo contribuirían a mejorar el bienestar de las personas sino también a mejorar la productividad, reduciendo los gastos superfluos de los sistemas públicos de protección social.

Desde UGT no se tiene la menor duda de que si la salida de la crisis económica se hace sobre una mayor precarización de las condiciones de empleo, los costes en términos de salud serán elevados. Una afirmación que no es gratuita ya que los datos científicos disponibles arrojan elevadas evidencias sobre el terrible impacto que tienen las crisis económicas en la salud mental de los trabajadores. Además, se constata que los trabajadores con contratos temporales presentan un riesgo significativamente más elevado de sufrir un accidente de trabajo, tanto mortal como no mortal, que los trabajadores con contra to indefinido.

Los últimos estudios de carácter internacional, no sólo de las organizaciones sociales –OMS y OIT- sino también de las económicas –OCDE; Foro Económico Mundial-, coinciden en la ecuación existente entre el aumento de la inseguridad en las condiciones de trabajo, la reducción de las inversiones en políticas sociales y el aumento de entornos sociales y laborales con altos índices de estrés.

Para hacer frente a la crisis se reforman las condiciones de trabajo, haciéndolas más cambiantes, facilitando la salida de los trabajadores, con lo que aumenta el desempleo, y, por lo tanto, la salud de los trabajadores se deteriora al perder bienestar e incrementar sus miedos y sus inseguridades a perder su puesto de trabajo y una básica seguridad económica.

En paralelo, y dado que todo ello provoca más demandas de asistencia sanitaria –además de más prestaciones por desempleo-, se reforman también los sistemas de protección social y sanitarios para recortar gastos, con lo que se ofrece unos servicios de peor calidad, algo que genera también mayor ansiedad, mayores conflictos, nuevas tensiones y, en definitiva, el aumento de las patologías mentales de los trabajadores, que hace necesarias más prestaciones. En consecuencia, según UGT, la reforma laboral simultánea a la reforma sanitaria, ambas en la misma lógica de reducción de costes, provoca efectos contrarios a los perseguidos.

Los estudios cuantitativos disponibles ponen de relieve no ya sólo que uno de cada cuatro trabajadores sufre estrés laboral, sino que esas situaciones cuestan en torno al 4% del PIB de la UE, según la Comisión. Para hacerse una idea de lo que representa esta cantidad, puede recordarse que la economía griega representa apenas un 2% del PIB europeo.

Evidenciar científicamente estas situaciones no sólo es un deber social, sino una exigencia económica, pues el Gobierno español se ha propuesto recortar unos 3.000 millones de Euros en gasto farmacéutico –parte fundamental de los 7.000 que quiere recortar en Sanidad-, desplazando mayores cargas a los pensionistas y trabajadores y, sin embargo, no ha reparado en que una adecuada política social en general, y de salud pública –y laboral- en particular, podría representarle como mínimo, según esos estudios, un ahorro de más de 3.000 millones de Euros. De este modo, sí se haría real la ecuación entre reformas que reducen los costes mejorando la calidad de los servicios, y no como las actuales que reducen los derechos pero, paradójicamente, incrementan los costes.

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