10 Ago Los ciudadanos continúan mostrando su rechazo a las políticas del Gobierno
Los empleados públicos han protagonizado hoy un nuevo Viernes Negro en Castilla y León en el marco del calendario de movilizaciones convocadas por la Cumbre Social, de la que UGT forma parte, que tendrán lugar durante los meses de agosto y septiembre contra la política de recortes del Gobierno.
Los empleados públicos quieren de esta forma seguir denunciando el grave deterioro del Estado de Bienestar, puesto en peligro a través del desmantelamiento sistemático y sin límite del Sector Público.
La política llevada a cabo desde la UE a través del gobierno, se basa en medidas contrarias a la esencia de lo público. No sólo el enorme recorte presupuestario ejecutado por este gobierno a través de PGE (entre el 12% y el 24% menos de presupuesto para este año 2012 en ministerios, empresas públicas y otros organismos públicos o con participación pública) sino que a esto se suman las leyes de estabilidad presupuestaria, ordenadas desde la UE a través del principio de contención del gasto público, que pueden llegar a obligar al cierre de empresas y organismos públicos ante la falta de dotación presupuestaria y la prohibición expresa de la existencia de pérdidas en la AAPP.
En Valladolid, los sindicatos representativos del sector público, UGT, CCOO y CSIF, han celebrado una concentración-asamblea en la Plaza del Milenio para manifestar la protesta por los recortes que el gobierno nacional y regional están aplicando a los empleados y servicios públicos y mostrar, también, su repulsa por el atropello sufrido por los compañeros concentrados el pasado 27 de julio en la capital.
Allí se ha leído un manifiesto en defensa del sector en el que se insiste en que la ciudadanía sea consciente del saqueo al estado del bienestar español y a los derechos ciudadanos que suponen estas privatizaciones y externalizaciones, pues los servicios públicos desde su conformación a comienzos del periodo democrático hasta este momento, se han configurado y financiado a través de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas, con lo cual cada vez que se privatiza un servicio público es como si nos robaran parte de nuestro patrimonio ciudadano: nuestro estado del bienestar.
Desde las organizaciones sindicales se ha puesto de relieve la frágil situación del conjunto del Sector Público en el que, a la precariedad en el empleo y las reiteradas bajadas de las retribuciones con la consiguiente perdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, se unen medidas impuestas por el Gobierno Autonómico, como la subida de la jornada en el conjunto del sector, que busca aligerar plantillas a la par que precarizar aun más el empleo fijo.
Estas movilizaciones se completarán con manifestaciones sectoriales durante este mes y culminarán el 15 de septiembre con una gran marcha a Madrid donde la Cumbre Social demandará al Gobierno la convocatoria de un referéndum para que la población valore la política del Gobierno, pues no se parece en nada a la que presentó en su programa electoral.