26 Ago Los trabajadores están pagando la política económica errónea que el Gobierno importa de Europa
Los datos publicado
s por el Instituto Nacional de Estadística relativos a la Contabilidad Nacional Trimestral del segundo trimestre de 2011, confirman el avance del pasado día 16 de agosto. La economía española registró un crecimiento interanual del 0,7%, dos décimas menos que el periodo anterior. El crecimiento intertrimestral se situó en el 0,2%, también dos décimas por debajo del registrado el trimestre precedente.
La economía española mantiene un débil pulso de actividad insuficiente para generar empleo, el principal problema de nuestra sociedad. Y todo ello en un contexto de incertidumbre internacional con un fuerte endeudamiento de las familias y empresas españolas, con el bloqueo del crédito debido a la necesidad de capitalización de nuestro sistema financiero.
Las medidas aprobadas no centran la política económica sobre la primera necesidad que tiene este país, que es la creación de empleo, ni atienden a un reparto equilibrado de las cargas. Pero es que tampoco apuestan por el cambio del modelo productivo a través del impulso de políticas energéticas, industriales, de ciencia y tecnología y de formación. A esto hay que añadir el bloqueo de la negociación colectiva, que está afectando al poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto de incremento de precios, mermando aún más las posibilidades de reactivación económica a través de la todavía lejana recuperación de la demanda interna. Y además, la mejora de nuestra competitividad requiere normalizar los canales de crédito que permitan financiar los gastos de explotación y las nuevas inversiones empresariales.
Así las cosas, hay que adoptar decisiones que mejoren el ritmo de la actividad productiva española con una distribución de los esfuerzos más equilibrada entre la población. En este sentido, los salarios deben mantenerse en la senda de la moderación, tal y como está establecido en el actual AENC, pero este esfuerzo debe ir acompañado de un compromiso firme de contención de los beneficios empresariales y un esfuerzo adicional de inversión de los excedentes obtenidos para ampliar y mejorar el tejido productivo español. Pero también son necesarias políticas públicas para fomentar la recuperación económica y el empleo, así como una reforma fiscal destinada a las rentas altas y de capital, con el objetivo de que todos contribuyamos de manera equitativa a la salida de la crisis, porque la reducción del déficit no se logra únicamente mediante el recorte de gasto, sino también mediante el reforzamiento de los ingresos.
El saneamiento de las cuentas públicas españolas demanda reformas para mejorar el uso de los recursos públicos mediante la eliminación de gastos superfluos y la reducción de duplicidades entre administraciones, pero a la vez, es imprescindible mejorar los ingresos públicos para sostener un nivel de gasto adecuado a las necesidades del país. Los compromisos de austeridad se concretan en alcanzar saldos sostenibles no solo en la reducción del sector público en la economía. La racionalización del gasto y los mayores ingresos permitirían al sector público español desplegar la necesaria presencia en los distintos ámbitos de las relaciones económicas, con especial hincapié en las políticas de protección a las personas en peor situación.
Por todo ello, UGT rechaza la propuesta de PSOE y PP de establecer un principio genérico de estabilidad presupuestaria, que impida al Estado y a las comunidades autónomas incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea, topando mediante ley orgánica el déficit estructural máximo del 0,4% para el conjunto de las Administraciones públicas, siendo del 0,26% del PIB en el caso de la Administración del Estado y del 0,14% en cada comunidad autónoma.
UGT considera que la propuesta es absolutamente inconveniente porque limita gravemente la capacidad de actuación de los gobiernos con políticas fiscales adecuadas a las diferentes fases del ciclo económico, lo que se traduce en un grave riesgo presente y futuro para el mantenimiento de las prestaciones e instituciones básicas del Estado de Bienestar, además de constitucionalizar las políticas conservadoras y neoliberales que han producido la crisis económica global y que, en el ámbito europeo, están gestionando de modo desastroso la crisis de las deudas soberanas. Esta propuesta no ayuda a la necesaria reducción de los niveles actuales de déficit público que sólo puede lograrse mediante la promoción del crecimiento económico y del empleo, un justo reparto de las cargas de la crisis y un permanente rigor en el uso del gasto público.
Por ello, UGT exige la retirada de la propuesta y que, en todo caso, cualquier propuesta de reforma de la Constitución de esta naturaleza sea sometida a referéndum. En este sentido, se propondrán movilizaciones sociales para que los trabajadores y la ciudadanía española puedan expresar su rechazo a esta reforma constitucional y exigir la celebración de un referéndum sobre la misma.
