Manifiesto de las Organizaciones Sociales de Castilla y León en apoyo a la Huelga General del 29-S

22 Sep Manifiesto de las Organizaciones Sociales de Castilla y León en apoyo a la Huelga General del 29-S

Las Organizaciones de Castilla y León, que suscribimos este manifiesto apoyamos la Huelga General convocada por CCOO y UGT para el próximo 29 de Septiembre; convocatoria que coincide además con la Jornada de Movilización convocada en toda Europa por la Confederación Europea de Sindicatos.

Alternativa Estudiantil Universitaria, Alternativa Universitaria, Asamblea de Cooperación por la Paz, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Asociación Ecologista Centaurea, Asociación Unificada de Guardias Civiles, Colectivo Estudiantil Alternativo, Consejo de la Juventud de Castilla y León, Consejo Local de la Juventud de Valladolid, Ecologistas en Acción, Facua-Consumidores en Acción, Federación Castellanoleonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Federación de Asociaciones de Vecin@s de Valladolid, Federación de Mujeres Rurales de Castilla y León, Foro Feminista, Jueces para la Democracia, Sindicato Unificado de Policía, Sociedades Laborales AEMTA, Unión de Campesinos de Castilla y León, Unión de Consumidores de Castilla y León, Unión de Guardias Civiles, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Unión Federal de Policía,

Organizaciones sociales de Castilla y León que suscribimos este manifiesto, rechazamos las políticas de recortes sociales y la supresión de derechos de las trabajadoras y los trabajadores decretadas por el Gobierno, bajo el amparo y excusa de directrices del FMI y de la UE.

Junto con UGT y CCOO señalamos que el Gobierno español está defraudando a la ciudadanía a quienes representa. Los brutales ajustes económicos que se están adoptando como terapias de choque para salir de la crisis económica son injustos socialmente, regresivos laboralmente y equivocados económicamente porque comprometen las posibilidades de crecimiento económico y de creación de empleo.

El Gobierno español, ha cambiado radicalmente su política económica y social, que ahora se orienta de forma clara:

A un severo recorte del gasto público que recae fundamentalmente sobre las espaldas de las personas trabajadoras y de los pensionistas.
A la reducción de la inversión pública que frenará el crecimiento económico y la creación de empleo, y que tendrá como principales víctimas a quienes se encuentran en desempleo

A imponer una reforma laboral que no tiene relación con el recorte del déficit y que supone una brutal agresión a los trabajadores y las trabajadoras. Una reforma cuyo objetivo es abaratar, facilitar y subvencionar el despido, obstaculizando y debilitando su control judicial. Una reforma que lejos de luchar contra la dualidad del mercado laboral entre contratados estables y temporales supondrá  mayor precariedad para todos y erosionará las garantías de los derechos laborales en beneficio del autoritarismo de las empresas.

Al anuncio de medidas regresivas en cuanto a las pensiones, al margen de la negociación en el seno del Pacto de Toledo, proponiendo el retraso en la edad de jubilación y endureciendo las condiciones de esta lo que redundará en una reducción de percepciones al final de la vida laboral.

Hay otras opciones y otras políticas.

● Por una política que reduzca el déficit público mediante el incremento de los ingresos y no únicamente mediante la reducción de las inversiones y del gasto, y que planifique el cumplimiento de los objetivos de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea en plazos compatibles con la reactivación económica y la creación de empleo.
● Por la retirada de una reforma laboral lesiva que facilita el despido y empeora las condiciones de trabajo. Una reforma que no va a crear empleo, que nos aleja del cambio de modelo de crecimiento que el país necesita y que no va a reducir la dualidad en el mercado de trabajo ya que las medidas adoptadas hacen el empleo fijo igual de vulnerable que el temporal.
● Por la defensa de la negociación colectiva como marco de protección de las condiciones de trabajo, frente a los intentos de atribuir a las empresas la capacidad de incumplir los acuerdos alcanzados de forma unilateral.
● Por la defensa del sistema público de pensiones como eje central de nuestro sistema de protección social, y su adecuación a la evolución social exclusivamente con acuerdo político y social.
● Por una política anti crisis que dé prioridad absoluta a la lucha contra la pobreza en todas las medidas que se adopten,
manteniendo los compromisos internacionales, nacionales y locales fijados en los ODM, así como el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Pobreza.
● Por una nueva política fiscal que refuerce la estructura de ingresos del Estado, recuperando impuestos suprimidos y apostando por una mayor recaudación basada en la progresividad fiscal; a la vez que se combate con mayor determinación y medios el fraude fiscal que lastra nuestra economía, que ha alcanzado tasas que prácticamente
duplican la media de la Unión Europea.
● Por una modificación sustancial del sistema financiero, que habilite el acceso directo al crédito público a particulares y empresas (fundamentalmente pequeñas, medianas y trabajadores autónomos), evitando que ocurra que, como en la presente crisis económica, las entidades financieras privadas no sólo limitan el crédito propio, sino que entorpezcan el acceso al crédito público.

Las Organizaciones Sociales de Castilla y León concebimos la participación democrática como un proceso permanente que no se reduce a la participación electoral. Creemos que la ciudadanía tiene que reaccionar ante este aluvión de medidas regresivas e injustas que reducen los derechos de la ciudadanía, poniendo en peligro el crecimiento económico,
el empleo y los derechos laborales y el mantenimiento del estado de  bienestar que tantos esfuerzos han costado a las generaciones de trabajadores que nos han precedido.

Por todo ello las Organizaciones Sociales de Castilla y León  APOYAMOS LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010 y confiamos que su éxito obligue al Gobierno a la retirada de las medidas tomadas y al cambio de políticas que de verdad suponga que no sean los trabajadores y las trabajadoras quienes paguen la crisis.

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