Ningún convenio sin cláusula de garantía salarial en Castilla y León

Los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Castilla y León recogen ya los efectos del incremento del IVA, que ha entrado en vigor en el mes de julio (un incremento que se aprecia sobre todo en la vivienda, con los aumentos correspondientes al gas y la electricidad, pero que está todavía minimizado por el efecto de las rebajas, con lo que previsiblemente sus efectos serán más visibles a partir de septiembre).

Ante este panorama UGT defenderá que todos los convenios incluyan cláusulas de garantía salarial para garantizar que la moderación de los salarios no termine convirtiéndose en pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, lo que repercutiría en el consumo, el crecimiento económico y el empleo. Por otro lado, el sindicato considera que el Gobierno esta percibiendo ya las consecuencias negativas de su política de recortes indiscriminados para atajar el déficit (pues ya está reconduciendo ciertas partidas, como la inversión pública en infraestructuras) y le exige que cambie la nueva orientación de su política económica, y reoriente el gasto público, favoreciendo la actividad económica, el respeto a los derechos de los trabajadores y nuestro Estado de Bienestar.

El Índice de Precios al Consumo, publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística, recoge una variación interanual en el mes de julio del 2,0%, una décima por encima de la media nacional (1,9%). Por su parte, la tasa de variación mensual desciende un 0,4% respecto al mes anterior.

Entre los grupos, destaca el descenso de precios en Vestido y Calzado con un -10,8%, frente al aumento registrado en el grupo de Ocio y Cultura, que crece un 1,8%, Vivienda, un 1%,  Transporte con un 0,5%, y Alimentos y Bebidas no alcohólicas, con un 0,3% En el caso de Medicina y Enseñanza no experimentan variaciones.

Por provincias, el descenso ha sido generalizado en todas las provincias de Castilla y León.

CONCLUSIONES:

La inflación en el mes de julio recoge ya la subida del IVA (en vigor desde el 1 de julio), lo que se constata en el aumento de dos décimas en la tasa interanual respecto a la del mes de junio.

Este incremento del IVA se nota especialmente en la vivienda, con los aumentos correspondientes al gas y la electricidad. En el resto del consumo, la subida del IVA queda diluida por el efecto de las rebajas de verano, con lo que es previsible que se sienta más en el mes de septiembre (las previsiones de algunos organismos cifran la subida en septiembre en otras cuatro décimas).

Por ello se hace imprescindible que se firmen cláusulas de garantía salarial en todos los convenios, como garantía básica del mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores.

Además, ante la moderación salarial que se recoge en los convenios firmados en lo que llevamos de año, es fundamental que se acompañe de cláusulas de revisión salarial, con el fin de que la moderación no se convierta en pérdida de poder adquisitivo, con el consiguiente lastre en términos de consumo, y el negativo efecto que puede repercutir sobre el crecimiento económico y, por tanto, del empleo.

Por otra parte, el Gobierno ha reconocido que las medidas adoptadas de recorte del déficit a través de la reducción del gasto público, van a suponer una merma mayor del crecimiento económico de la inicialmente prevista, lo cual se trasladará de nuevo al mercado de trabajo. Por ello ha reconocido la ineficacia de llevar a cabo un recorte indiscriminado, reconduciendo ciertas partidas (de inversión pública en infraestructuras) para no incidir tan negativamente en el crecimiento económico.

Desde UGT insistimos en que el camino para retomar el crecimiento es la mejor forma de recuperar el Estado de Bienestar, pues es lo que, además, conduce a unos mayores ingresos por parte del Estado. Las políticas ahora necesarias no han de ser las que reduzcan los salarios de los trabajadores y los ingresos de los pensionistas, y políticas que minoren la inversión productiva, sino todo lo contrario. Es necesario un nuevo cambio de la política del gobierno, reconduciendo el gasto público, favoreciendo la actividad económica y no agrediendo a los derechos de los trabajadores.