12 May Para UGTCyL hay que rescatar a las personas y combatir la desigualdad
La Secretaria Confederal de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, ha dado a conocer hoy en Valladolid, la Proposición de ILP para una Prestación de Servicios Mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social.
Junto al Secretario General y de UGT Castilla y León, Agustín Prieto, y la Secretaria de Salud Laboral y Política Social y Medio Ambiente, Carmen Campelo, Fontecha ha señalado que la finalidad de esta Iniciativa Legislativa Popular es la creación de una nueva prestación que amplía la acción protectora de la Seguridad Social. La Prestación de Ingresos Mínimos está destinada a garantizar unos ingresos que aseguren unas condiciones básicas para atender las necesidades más esenciales a las personas que, con disponibilidad de trabajar, carecen de empleo así como de unos recursos económicos mínimos tanto para ellos como para los familiares que puedan tener a cargo.
En unos momentos en los que los efectos de la crisis han diezmado el Estado del Bienestar y la ocupación ha caído estrepitosamente, se han realizado una serie de modificaciones legislativas que han repercutido negativamente en el gasto social, afectando a la cobertura del sistema de garantía de rentas. Esto lo ha apoyado Fontecha con unos datos demoledores al indicar que de los 124 millones de pobres que existen en Europa, 13 millones son ciudadanos y ciudadanas que viven en España y de ellos 3 millones son niños.
Esto es lo que ha definido como el mayor empobrecimiento de la pobreza, provocado por la aplicación de políticas dirigidas a bajar simultáneamente los salarios y el gasto social.
La responsable confederal de Igualdad de UGT ha señalado una serie de medidas a tomar para revertir la situación empezando por la modificación de la política económica, mejorar el poder adquisitivo de los salarios como mejor medida para conseguir el crecimiento económico y luchar contra la pobreza laboral, es necesario también mejorar el Salario Mínimo Interprofesional, la protección por desempleo, incrementar el plan nacional para la exclusión social así como el programa nacional para coordinar las rentas mínimas establecidas en cada Comunidad Autónoma con la finalidad de evitar desigualdades entre comunidades.
Esta Prestación de Ingresos Mínimos, tendría una cuantía del 80% del IPREM, lo que supone 426€/mes cantidad que, al ser una prestación individual y no familiar, se vería incrementada según el número de miembros de la unidad familiar.
Con esta prestación se podría dar cobertura a 2.151.000 ciudadanos que carecen de prestaciones, lo que supondría un desembolso de 11.000 millones de euros, es decir, incrementar el 1% del PIB en gastos sociales.
Por su parte, el Secretario General de UGT Castilla y León, Agustín Prieto, ha remarcado la necesidad de homogeneizar tanto las prestaciones como la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales y las pensiones para que el lugar de residencia no suponga un factor de desigualdad entre los ciudadanos.
Ha señalado el Diálogo Social como herramienta con la que hemos ido dando respuestas a las necesidades que se han ido planteando en esta etapa de dificultades, sin embargo, “no su cubren todas las que se presentan”, declaró Prieto. En su referencia a la Renta Garantizada de Ciudadanía ha declarado que es un derecho subjetivo y que como tal “se debería gastar en función de las necesidades”, sin embargo la Junta de Castilla y León tiene mecanismos con los que ralentizarlo y conseguir que las cifras de beneficiarios encajen con la cantidad económica presupuestada.
La Prestación de Ingresos Mínimos va más allá de la Renta Garantizada al alcanzar en Castilla y León los 84.705 hogares y los 145.000 beneficiarios frente a los 18.600 y 44.500, respectivamente, de la Renta Garantizada.
Carmen Campelo, como Secretaria de Salud Laboral, Política Social y Medio Ambiente de UGTCyL, ha señalado que el 60% de las solicitudes presentadas para optar a la Renta Garantizada de Ciudadanía son denegadas y que el porcentaje de personas titulares que pierden el derecho se incrementa. Sin embargo, mientras que la causa de abandono en 2011 era por el empleo ya no lo es en 2014.
Ha recordado que el 20,8% de la población de Castilla y León se encuentra en riesgo de pobreza y que 7.000 menores de 16 años padecen pobreza extrema, ante lo cual ha mostrado su expectación ante las posibilidades que puedan abrirse de prosperar esta nueva ayuda a nivel nacional.