25 May UGT aboga por la construcción de un nuevo Derecho Social
UGT califica la Renta Garantizada de Ciudadanía como una prioridad sindical que adquiere mayor relevancia, si cabe, en estos momentos ante una situación de crisis que está castigando especialmente a los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León. Los dos sindicatos mayoritarios presentaban hoy ante los medios de comunicación la propuesta conjunta que llevarán mañana a la Mesa de Cohesión Social y Nuevos Derechos en el marco del Diálogo Social.
Una propuesta que se articula como un derecho subjetivo, recogido en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, mediante la percepción de una renta para el conjunto de personas que se encuentren en situación de necesidad. UGT y Comisiones plantean que esta renta quede fijada en 580 euros, es decir el 110% del IPREM, o un máximo del 175% del IPREM, en función del número de miembros de la unidad de convivencia o familiar en el año 2009, que en unas ocasiones será percibida íntegramente y en otras será el umbral para complementar otras prestaciones más bajas que ya están percibiendo en la actualidad.
El Secretario Regional de Política Institucional de UGT, Oscar Lobo, ha asegurado que el reto en estos momentos es construir un nuevo Derecho Social que no puede ser bajo ningún concepto una mala fotocopia del Ingreso Mínimo de Inserción. La Renta Garantizada de Ciudadanía, afirmaba amplía el concepto de exclusión social y supone el refuerzo y la ampliación de las políticas públicas y sociales de Castilla y León hasta construir un sistema de garantía y de protección social a todos los ciudadanos y ciudadanas de la región.
En definitiva, UGT aboga por que esta renta vaya acompañada del derecho y la obligación de la administración regional de garantizar la inclusión social y laboral de los preceptores, estableciendo actuaciones en materia de empleo, formación, orientación, educación, sanidad y servicios sociales… etc.
La propuesta conjunta establece que podrán ser beneficiarios: los colectivos vulnerables que no dispongan de ingresos procedentes de rentas del trabajo y/o patrimonio que no alcance en importe de la renta garantizada de ciudadanía; los trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio de desempleo; las personas que aún disponiendo de ingresos procedentes del trabajo cuentan con un nivel mensual de ingresos inferior al importe de la renta; y las personas preceptoras de pensiones contributivas o no contributivas que tengan unos ingresos mensuales inferiores a la cuantía establecida.
El plazo para finalizar el proceso de negociación es el 31 de Julio, aunque una vez alcanzado el acuerdo, UGT reclama la máxima urgencia en la tramitación de la Ley.
