UGT asevera que los datos del IPC de septiembre demuestran que “el repunte de los precios no se acompaña de un incremento proporcional de los salarios”

14 Oct UGT asevera que los datos del IPC de septiembre demuestran que “el repunte de los precios no se acompaña de un incremento proporcional de los salarios”

 UGT asevera que los datos del IPC de septiembre demuestran que “el repunte de los precios no se acompaña de un incremento proporcional de los salarios”


UGT asevera que los datos del IPC de septiembre demuestran que “el repunte de los precios no se acompaña de un incremento proporcional de los salarios”

Los datos del IPC de septiembre, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en el 4,9%, seis décimas por encima de la registrada en agosto. Y aún más, el de Castilla y León se eleva al 5,4%. Se trata del nivel más elevado desde febrero de 2023 y, de acuerdo con Alberto Miguel, vicesecretario general de política sindical y salud laboral de UGT Castilla y León, “supone una nueva e intensa aceleración de las presiones inflacionistas, con los productos energéticos sobre todo los carburantes, como principales factores de impulso al alza de la tasa general”.

Además, la tasa de inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles y constituye un mejor indicador de la evolución estructural de los precios, aumenta hasta el 3,1%, dos décimas más que el mes anterior. Con todo, la persistencia de las tensiones geopolíticas, con un conflicto en Oriente Medio sin perspectivas de resolución a corto plazo, podría prolongar las dificultades de suministro y la presión sobre los mercados energéticos.

Combustibles y energía

De hecho, el aumento de los costes de la energía se está trasladando a los precios finales y supone un aumento muy significativo de los beneficios empresariales aprovechando la instabilidad internacional y el aumento de los costes energéticos para lograr unos beneficios récord.

En este sentido, los márgenes empresariales de la actividad de refino de petróleo y coquerías se han disparado hasta el 41,5% en el segundo trimestre del año, lo que multiplica por 10 el dato alcanzado en el primer trimestre.

Por eso, desde UGT reclaman “controlar los precios finales de carburantes y electricidad, regulando las tarifas finales al consumidor y gravando los beneficios extraordinarios de las grandes eléctricas y petroleras”.

También el precio de la vivienda encadena ya once años consecutivos de subidas, una escalada que el IPC, según la organización sindical, no refleja de forma adecuada, ya que “la compra de vivienda queda fuera de su cesta y el peso del alquiler es limitado y buena parte de la responsabilidad recae en la inacción de las administraciones competentes, que no han actuado con la contundencia necesaria ante un problema que afecta a millones de hogares y de personas trabajadoras”.

Vivienda

Cabe recordar que los márgenes empresariales de las actividades inmobiliarias alcanzaron el 32,2% en el segundo trimestre, un nivel récord en los últimos años, lo que evidencia, según el vicesecretario de política sindical “que la vivienda se ha consolidado como un negocio muy lucrativo. Ese negocio se sostiene a costa de situaciones tan injustas como el desahucio de Maricarmen, que supone una vulneración flagrante de los derechos humanos”.

Y es que, para UGT, “el repunte de los precios, incluido los de la vivienda, no está viniendo acompañados de un incremento proporcional de los salarios, que siguen perdiendo poder adquisitivo” y, para paliarlo, proponen “impulsar una negociación colectiva fuerte, abriendo de inmediato la negociación por el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con el fin último de garantizar que los salarios no pierdan poder de compra en los próximos años”.

También consideran que la evolución de los precios hace inaplazable una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional porque el incremento 3,1% acordado para 2026 se sitúa ya claramente por debajo de los niveles actuales de inflación, cercanos al 5%, comprometiendo la capacidad de compra de quienes perciben el SMI.

En este contexto, para el sindicato, “debe aplicarse la cláusula prevista en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que permite revisar el SMI cada seis meses cuando la evolución de los precios se desvía de las previsiones. UGT reclama, por ello, la convocatoria inmediata de la mesa de diálogo social para adaptar el SMI a esta nueva situación”.

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