12 Nov UGT Castilla y León preocupada por el retraso en la negociación colectiva y la pérdida de poder adquisitivo de los castellanos y leoneses
Para UGT a pesar del frenazo en la espiral inflacionista que supone el descenso del 1,2 en la inflación interanual, pasando del 4,7 al 3,5 sigue estando por encima de las previsiones del Gobierno del 2.
El descenso de los productos energéticos y la contracción de la demanda a consecuencia de la crisis económica han provocado un descenso en los precios de determinados productos.
Sigue siendo un índice negativo porque Castilla y León en datos interanuales siguen estando por encima de la media nacional en grupos como Alimentos (4,1) y Vivienda (8), y tiene también un porcentaje alto tanto en Transporte como en Enseñanza.
Son precisamente los servicios y productos básicos para la población los que siguen suponiendo una carga para las rentas de los trabajadores.
UGT Castilla y León se muestra especialmente preocupada por el retraso que se está produciendo en la negociación colectiva en el ámbito sectorial, lo que está suponiendo que el 60% de los Convenios Colectivos pendientes de renovación siguen pendientes.
Esta situación está suponiendo un lastre excesivo para el poder adquisitivo de los trabajadores y de sus familias que aún no han visto actualizadas sus retribuciones.
UGT exige a la Junta de Castilla y León que tome una actitud más activa a la hora de identificar aquellos sectores y aquellas empresas que con sus comportamientos especulativos contribuyen a aumentar de forma totalmente injustificada los precios de determinados productos. Es el Gobierno Regional el que tiene que dotar de transparencia el proceso de formación de precios y adoptar medidas contra los comportamientos especulativos, absolutamente irresponsables que pretenden ampliar los márgenes de beneficios a costa del conjunto de trabajadores y ciudadanos.
UGT Castilla y León hace también un llamamiento a los empresarios de la Comunidad para que realicen un ejercicio de responsabilidad llevando a la práctica una política de moderación en los márgenes de beneficios, fundamentalmente en los productos de primera necesidad que son los que experimentan unas subidas escandalosas desde el punto de origen hasta que llegan al consumidor. Sin olvidar la inclusión de las cláusulas de revisión salarial en todos los convenios colectivos como aval para que los trabajadores puedan hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo.