17 Oct UGT denuncia el aumento del porcentaje de trabajadores pobres en Castilla y León
UGT Castilla y León evalúa el índice de pobreza en la comunidad
En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Secretaría de Políticas Sociales e Igualdad de UGT Castilla y León ha elaborado un informe sobre el estado de la situación en Castilla y León en comparación con el ámbito estatal según los últimos indicadores publicados.
Según este estudio, al contexto de crisis sanitaria, económica y social causada por la COVID-19 se suma la actual guerra de Ucrania cuyo impacto sobre precios al alza de la energía y alimentos, así como el incremento de los tipos de interés con el consiguiente encarecimiento de las hipotecas, ha conllevado el aumento de la pobreza, en número y en intensidad.
Los planes, medidas y presupuestos extraordinarios dispuestos por la Unión Europea y por el Gobierno de España, la mayoría de naturaleza paliativa pero también estructural, se manifiestan como escudos sociales para frenar el impacto negativo, especialmente sobre aquellos colectivos más vulnerables en tiempos de pandemia. Pero la guerra está disparando todos los indicadores cuando algunas de las acciones enmarcadas en la política europea, como la subida de tipos de interés confirmada por el BCE, se muestran ya como malas estrategias para contener, en este caso, el incremento de los precios, ya que no afectan al origen de los problemas, pero tienen repercusión directa tanto en lo económico como en lo social.
Para la Secretaría de Políticas Sociales e Igualdad de UGT Castilla y León, “el empleo de calidad y los salarios dignos son la mejor fórmula para hacerle frente a la embestidas de los tiempos de crisis. La situación es clara. Las empresas continúan manteniendo e incluso elevando sus márgenes de beneficio, trasladando el aumento de costes energéticos derivado de la guerra en Ucrania al precio final de sus productos, encareciéndose especialmente alimentos y otros productos de primera necesidad que son indispensables. Sin embargo, los salarios no se están elevando con la misma intensidad (sólo un 2,6% hasta agosto, cuando el IPC en el mismo mes alcanzó el 10,5%), debilitando en consecuencia el poder adquisitivo de las personas y familias que además sufrirán el incremento de las cuotas hipotecarias. Una vez más, las personas trabajadoras se vienen convirtiendo en las principales víctimas de la preocupante situación actual”.
Y es que los indicadores de pobreza de la última Encuesta de Calidad de Vida publicada por el INE no reflejan el impacto de este nuevo contexto de guerra, que ha provocado, según diversas fuentes, un incremento significativo de la pobreza que aumenta la ya heredada de la anterior crisis financiera y su consecuencia más directa: el incremento de los trabajadores pobres.
No obstante y pese a que “serían necesarias verdaderas transformaciones estructurales”, desde la Secretaría de UGT Castilla y León, confían en que los datos de la ECV-2022 reflejen de forma positiva el éxito de las medidas, de marcado carácter social y protector, puestas en marcha por el Gobierno de España, y que acompañan a la reforma del IMV, el incremento de las pensiones con arreglo al IPC, la subida del SMI, las diferentes medidas fiscales, los bonos sociales y las ayudas económicas directas.
LA RENTA MEDIA ANUAL DE LOS CASTELLANO Y LEONESES
Cabe destacar que la evolución de la renta media de los castellanos y leoneses muestra un comportamiento similar a la media española. Entre el 2018 al 2020 crece significativamente. Entre 2020 y 2021 se produce un descenso brusco en la cuantía mostrando ya el impacto de la pandemia sobre las rentas. Sin embargo, los datos para uno y otro ámbito territorial apuntan a profundas diferencias: la pérdida de renta en Castilla y León entre 2020 y 2021 es mucho más intensa que en el conjunto de España. No obstante, cuando se producen incrementos en la renta entre 2018 y 2020, estos son significativamente mayores en España que en Castilla y León.
Por todo ello, los datos apuntan a que la renta media anual de los castellano y leoneses (28.890 €) sigue siendo más baja que en el conjunto nacional (30.552 €). Lo peor es que el diferencial sigue aumentándose, profundizando la brecha entre ambos territorios especialmente, en tiempos difíciles cuyo impacto negativo es más intenso en Castilla y León.
LA TASA AROPE Y SUS COMPONENTES
En el mismo sentido, la tasa de pobreza y el resto de los indicadores AROPE ponen de manifiesto el impacto de la pandemia en los dos últimos años, tras una visible corrección a la baja de las tasas 2018 y 2019. Así, la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, ha alcanzado un 22,4%, frente al 19,8% registrado el año anterior. Además, el 3,8% de nuestra población, alrededor de 93.500 personas, se encuentran en situación de carencia material severa, “una cifra poco honrosa para una comunidad como Castilla y León despoblada, dispersa, con serios y graves problemas para fijar población, empresas y talento, especialmente de la mujeres” según la secretaria de Asuntos Sociales de UGTCyL, Victoria Zumalacárregui.
También según estos indicadores, el dato de 2020 en Castilla y León refleja el mayor impacto de la pandemia, provocando un incremento de la tasa de riesgo de pobreza tres veces superior a la media española en ese año y dos veces superior en el año siguiente.
Por tanto, los datos evidencian un empeoramiento de la situación entre 2020 y 2021, en los componentes que miden las carencias a las que se enfrentan los hogares, tanto en España como en Castilla y León. Además, en nuestra comunidad, concretamente, los porcentajes siguen manteniéndose más bajos sin embargo las diferencias interanuales muestran variaciones sensiblemente peores, especialmente en marcadores de vivienda o equipamiento digital
CONCLUSIONES
En un contexto de explosión de los indicadores de pobreza motivado por la pandemia e intensificado por las consecuencias negativas de la guerra de Ucrania, se necesitan, con la mayor urgencia, medidas estructurales que superen de una vez por todas el afianzamiento de los procesos de empobrecimiento y desigualdad de la población, originados en las crisis; ampliados y cronificados por las medidas políticas y económicas equivocadas que se pusieron en marcha para su abordaje, tal y como sucedió en la crisis financiera de 2008.
De dichos procesos surgen nuevos perfiles, nuevas demandas y con ellas la necesidad de nuevos derechos relacionados prioritariamente con las carencias cronificadas e incrementadas ante nuevos sucesos adversos, cuya cobertura y protección requieren inversiones y diversidad de mecanismos cada vez más intensivos, numeroso y extraordinaria naturaleza. Así el impacto de las consecuencias negativas de la pandemia, al que se viene sumando las de guerra de Ucrania, ponen en el ojo de la cuestión la exigencia de transformaciones económicas, laborales y sociales profundas que incidan en el origen mismo del problema de la pobreza, la desigualdad, y los desequilibrios. Por eso, de acuerdo con el sindicato, “es importante recordar que las políticas públicas tienen un gran potencial para promover la equidad y mejorar el bienestar de los hogares más pobres en las etapas expansivas o para sostener sus rentas en los ciclos recesivos”.
De hecho, en el contexto actual, la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que modernicen sus regímenes de renta mínima como parte del compromiso actual de reducir la pobreza y la exclusión social en Europa. En la propuesta de Recomendación del Consejo sobre una renta mínima que procure la inclusión activa, se establece la manera en la que los Estados miembros pueden modernizar sus regímenes de renta mínima para hacerlos más eficaces, de modo que saquen a las personas de la pobreza y se promueva al mismo tiempo la integración en el mercado laboral de aquellos que pueden trabajar.
Estas medidas son especialmente importantes en tiempos de recesión económica, ya que ayudan a amortiguar la caída de los ingresos de los hogares en el caso de las personas más necesitadas; así contribuyen a un crecimiento sostenible e integrador. Suelen complementarse con prestaciones en especie que dan acceso a servicios e incentivos específicos para acceder al mercado laboral. De este modo, los regímenes de renta mínima no son un instrumento pasivo, sino que sirven de trampolín para mejorar la inclusión y las perspectivas de empleo.
De acuerdo con UGT, “unos nos regímenes de renta mínima bien diseñados logran un equilibrio entre la reducción de la pobreza, la incentivación del trabajo y el mantenimiento de unos costes presupuestarios sostenibles. La renta mínima y las redes de seguridad social deben incorporar incentivos y ayudas suficientes para que se reintegren en el mercado laboral los beneficiarios que puedan trabajar. Por tanto, su diseño también puede ayudar a aprovechar plenamente el potencial de las transiciones ecológica y digital al respaldar las transiciones en el mercado laboral y una participación activa de las personas desfavorecidas”.
VENTANAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Las ventajas sociales y económicas de unas redes de seguridad social adecuadas y con unos destinatarios bien definidos adquirieron aún más importancia durante los confinamientos que provocó la pandemia de COVID-19. Para el sindicato, disponer de una renta mínima adecuada adquiere también una importancia especial en el contexto actual de aumento de los precios de la energía y de la inflación tras la invasión rusa de Ucrania, ya que las medidas sobre la renta pueden dirigirse específicamente a grupos vulnerables.
La propuesta de Recomendación del Consejo que se ha presentado ofrece orientaciones claras
• Determinar el nivel de ayudas a la renta a través de una metodología transparente y sólida, sin descuidar los incentivos al trabajo
• Mejorar la cobertura de la renta mínima y su percepción por parte de las personas beneficiarias potenciales
• Los criterios de admisibilidad deben ser transparentes y no discriminatorios: promover la igualdad de género y la independencia económica, especialmente en el caso de las mujeres y los adultos jóvenes
• Facilitar la recepción de ayudas a la renta por persona, en lugar de por hogar,
• Los procedimientos de solicitud deben ser accesibles, simplificados y acompañados de información que se comprenda con facilidad.
• La resolución sobre una solicitud de renta mínima debe dictarse en un plazo de 30 días a partir de su presentación, con la posibilidad de revisarla.
• Deben responder a las crisis socioeconómicas introduciendo una mayor flexibilidad en cuanto a la admisibilidad
• Mejorar el acceso a mercados laborales inclusivos deben ayudar a las personas a encontrar un empleo y mantenerlo, a través de una educación y formación inclusivas, así como del apoyo a la colocación y el asesoramiento personalizado.
• Debe ser posible combinar la ayuda a la renta con los ingresos procedentes del trabajo durante períodos más cortos, por ejemplo, durante períodos de prácticas o de prueba.
• Facilitar el acceso a los servicios esenciales, como la energía, alimentación, o vivienda.
Por eso, desde UGT, exigen que, además de las medidas adoptadas y puestas en marcha por el Gobierno de España, debemos mantener el poder adquisitivo de las personas que tienen las rentas más bajas, trabajadores y trabajadoras que no pueden ya hacer frente a la situación.
