UGT exige la mejora de las condiciones laborales en el sector de atención a las personas con discapacidad

Las Federaciones de Enseñanza de UGT y Comisiones de Castilla y León llevarán a cabo una campaña de información en el sector de empresas privadas dedicadas a la atención a personas con discapacidad que tendrá como objetivo dar a conocer sus propuestas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector en un marco de negociación de ámbito autonómico. La mayor parte de las empresas del sector pertenecen a Asociaciones sin ánimo de lucro y cuya financiación principal llega a través de subvenciones públicas y concertación de plazas con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. También se encuadran en el sector los Centros Especiales de Empleo cuyos trabajadores son en su mayoría discapacitados con relación laboral de carácter especial.

Este colectivo, con más de 5.000 trabajadores en toda la Región, está regulado por un Convenio Colectivo de ámbito estatal que en su artículo primero establece la posibilidad de negociar acuerdos sobre distintas materias en cada una de las Comunidades Autónomas, dado que la mayor parte de las competencias en materia de servicios sociales se encuentran transferidas.

En estos momentos, cuando se inicia la implantación de los servicios establecidos en la conocida como Ley de la Dependencia, UGT y Comisiones están empeñados en que dicha implantación se haga desde criterios de calidad en la atención a los usuarios y calidad en el empleo de quienes han de prestarla. La situación actual, con un bajo reconocimiento profesional, con ratios de atención excesivas y con unos salarios que no alcanzan los 900 € brutos para la mayoría de los trabajadores, hace imprescindible una revisión y mejora de las condiciones de estas prestaciones en Castilla y León. La financiación pública de plazas para discapacitados ha de asegurar estabilidad en el empleo, formación permanente, posibilidades de desarrollo profesional y una remuneración digna y adecuada a las funciones y responsabilidades asumidas por los profesionales.

Hasta ahora, la representación mayoritaria de las empresas, agrupadas en FEAPS Castilla y León (Federación de Asociaciones en favor de las personas con Retraso Mental) no ha mostrado interés alguno en la consecución de ese marco de negociación autonómico, optando por acuerdos bilaterales con la Administración al margen de las trabajadoras y trabajadores del sector. Pasos que sí se han dado en otras comunidades autónomas como Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla La Mancha, Murcia o Asturias en donde ya hay acuerdos firmados que mejoran sustancialmente las condiciones laborales del convenio colectivo estatal. Así, tomando como ejemplo el salario de 2007 de un cuidador, por ser la categoría profesional más utilizada en este tipo de empresas, en Castilla y León es de sólo 835,13 € brutos al mes, mientras que en Aragón es de 927 € (un 11 % más), en la Comunidad Valenciana 1.048,07 € (un 25 % más) y en un centro público dependiente de la Junta de Castilla y León 1.395 € (un 67 % más).

Desde las Federaciones Regionales de UGT y Comisiones exigimos a los gerentes de las empresas y a la Consejería de Familia el inicio de unas negociaciones que sin duda beneficiarán no sólo a los trabajadores y trabajadoras del sector, sino también a las personas con discapacidad beneficiarias de los servicios. Si no hay una respuesta favorable en esta dirección ambas federaciones convocarán en los próximos meses a los trabajadores a cuantas acciones de presión consideren adecuadas para el logro de estos objetivos.