20 Nov UGT exigen financiación para el CSIR en su labor de control de las condiciones laborales de los trabajadores transfronterizos
UGT y CCOO exigen financiación para el CSIR en su labor de control de las condiciones laborales de los trabajadores transfronterizos
Antonia Isabel Guerrero, vicesecretaria de Políticas Públicas de UGT Castilla y León, se encuentra estos días junto a CCOOCyL, UGT Portugal y CGT Portugal en Castelo Branco para celebrar la Asamblea del Consejo Sindical Interregional (CSIR), donde UGT ostenta la presidencia, seguida de las jornadas de trabajo en torno a la ‘Autoridad Laboral Europea y la Inspección de trabajo en la cooperación Transfronteriza’ para abordar los retos y propuestas para la colaboración transfronteriza en materia de inspección. Cabe destacar que este encuentro ha contado con la intervención del Jefe de la Unidad de la oficina Nacional de lucha contra el fraude de Salamanca, y la Inspectora de Trabajo de Castelo Branco.
Todas las organizaciones partícipes consideran “de vital importancia” buscar financiación para el CSIR porque, sin ella, es imposible consolidar el desarrollo de las diferentes acciones que quieren emprender.
Sistema de control para trabajadores desplazados
Una de las iniciativas que han puesto sobre la mesa pasa por implementar un sistema de colaboración internacional a través de un QR, similar al de la cartilla Covid que se desarrolló durante la pandemia en Europa, para todos los trabajadores desplazados, para que la inspección laboral pueda, una vez escaneado el código, comprobar las condiciones en las que está contratado ese trabajador, así como mejorar tanto la asistencia sanitaria como la prestación por desempleo del mismo. De esta manera, las autoridades europeas podrán disponer de más recursos para cruzar datos y comprobar la situación de los trabajadores que recibe de fuera.
Asimismo, las organizaciones sindicales reconocen la enorme labor pendiente de información y formación que precisan para evitar el alto índice de fraude que padecen estos trabajadores por parte de los empresarios que, a menudo, no contratan en las mismas condiciones a los trabajadores desplazados y a los autóctonos.
