29 Sep UGT por la defensa y el cumplimiento de la Ley de Dependencia
“UPJP-UGT por la Defensa y el Cumplimiento de la Ley de Dependencia” es el eslogan que encabeza el Manifiesto en el que se recogen hasta una veintena de reivindicaciones que el Sindicato hará llegar el próximo 1 de octubre al Gobierno Autonómico de Castilla y León, dentro de una campaña desarrollada a nivel nacional.
Concha Ramos y Emiliano Babón, como Secretaria Regional de Igualdad de UGT Castilla y León y el Secretario General de la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de UGT Castilla y León, han explicado que la Ley de Dependencia, a pesar de ser una ley nacional, es una obligación de las comunidades autónomas, de las que depende su desarrollo. Los representantes sindicales han criticado a la Junta de Castilla y León por no reconocer la Ley de Dependencia y pretender desarrollar una Ley de Servicios Sociales, con una carácter meramente asistencial en lugar de reconocer el derecho subjetivo de los ciudadanos.
No es la primera vez que se habla de las 194.000 personas en situación de dificultad para realizar las Actividades básicas de la Vida diaria con derecho a prestación y de la excesiva lentitud con la que son resueltos sus casos. A fecha 1 de septiembre de 2008, y según datos INSERSO en Castilla y León el número de personas beneficiarias con derecho a prestación se cifra en 19.269, lo que supone el 10%, y de este porcentaje muchos ya recibían atención antes de la Ley de Dependencia.
En Castilla y León los problemas en el desarrollo de la Ley de Dependencia pasan en primer lugar por un fallo en el modelo que según Ramos Bayón debería corregirse con la implantación de equipos multidisciplinares integrados no sólo por un asistente social sino acompañados por médicos, abogados y psicólogos.
Otro de los problemas es la prolongación en el tiempo a la hora de recibir las prestaciones, ya que existe un elevado número de beneficiarios reconocidos que todavía no están recibiendo estos servicios. Servicios que UGT defiende que sean públicos como la ayuda a domicilio, residencias de ancianos y centros de día.
UGT Castilla y León ya pidió a la Junta el pasado año 2007 la creación de un subprograma a través del cual se visualizaran las aportaciones económicas realizadas a la Ley de Dependencia por cada una de las Administraciones, petición que cayó en saco roto, con lo que la falta de transparencia sigue siendo la tónica en lo referente a la aplicación de la Ley. El temor expresado por la Secretaria Regional para la Igualdad es que la Administración Regional no cumpla con su obligación de crear una red pública de asistencia y utilice el dinero público que tendría que destinar para el desarrollo de la Ley de Dependencia en financiar los centros privados.
Este temor deriva de la reunión de la Mesa del Diálogo Social del pasado 22 de septiembre en la que la Junta de Castilla y León pretende que los centros privados pasen a formar parte de la red pública, a lo que UGT se opuso enérgicamente.
Por último, la Secretaria Regional para la Igualdad de UGT Castilla y León apuntó su idea de que la falta de interés de la Junta por la Ley de Dependencia puede deberse también a que es una ley que afecta fundamentalmente a las mujeres.
