20 Dic UGT rechaza los despidos en RTVCyL y pide a Promecal, Edigrup y la Junta de Castilla y León un plan de viabilidad que proteja el servicio público
Las secciones sindicales de UGT y CCOO en las Empresas Promecal y Edigrup, concesionarias del servicio público de televisión autonómica que presta RTVCyL, rechazan los 37 despidos que se han realizado hoy en los centros de trabajo de la televisión regional en Valladolid, 20 en Promecal Audiovisuales y 17 en Edigrup.
Asimismo, CCOO y UGT piden a las empresas concesionarias de la televisión regional de Castilla y León y a la Junta un plan de viabilidad serio y coherente que garantice los puestos de trabajo de los 400 empleados que en la actualidad mantienen RTVCyL, Edigrup y Promecal Audiovisuales en Castilla y León, la prestación de este servicio público y el derecho constitucional de los castellanos y leoneses a recibir una información veraz y de calidad.
Los despidos se producen como consecuencia del problema económico que RTVCyL padece por un error en el pliego de condiciones de la concesión de la televisión autonómica, en el que la Junta de Castilla y León considera ‘subvención’ la compensación que Promecal Audiovisuales y Edigrup reciben por realizar este servicio, una cantidad que la Agencia Tributaria considera que no es subvención, por lo que reclama a la UTE concesionaria el 18% de IVA del total del dinero que han recibido reciben del Gobierno regional para la prestación del servicio público de televisión regional, un tercio del montante que supone mantener en marcha otras cadenas autonómicas como Tele Madrid.
Los despidos en las empresas que forman la UTE de RTVCyL demuestran que el modelo de televisión regional propuesto por la Junta de Castilla y León, y defendido por otros líderes del PP como la solución a los problemas económicos de otras cadenas autonómicas en España, es deficitario de base ya que el Gobierno regional ha pretendido ofrecer este servicio público sin tener en cuenta ningún otro parámetro más que el económico, ni la calidad, ni el mantenimiento del empleo ni el derecho a la información garantizado en la Constitución.