15 Feb UGT reclama un reparto equilibrado de los esfuerzos y políticas públicas responsables
La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo general en el mes de enero es en Castilla y León del 2,3%, cuatro décimas menos que la registrada en diciembre, y tres décimas por encima de la media nacional (2,0%)
Hay que destacar que a pesar del mejor comportamiento de la tasa anual del IPC general en este mes de enero, el grupo de Transporte presenta una evolución desfavorable, con un aumento de su tasa anual llegando al 5,2, debido al aumento de los precios de los carburantes y lubricantes.
Según los datos de Contabilidad Nacional, los costes laborales unitarios, que son los que influyen sobre los precios de los productos, caen a un ritmo del -2,1% anual, mientras que los excedentes empresariales y las rentas mixtas crecen a un ritmo del 5,6%
Esto nos sitúa en un escenario de responsabilidad no compartida para salir de la crisis. Y de ahí la importancia del II AENC, que se sustenta en dos pilares: la moderación salarial y las alternativas al despido a través de mecanismo de flexibilidad negociada. Este acuerdo establece la urgencia de que todas las rentas realicen un esfuerzo conjunto frente a la crisis, de modo que tanto salarios como beneficios empresariales distribuidos deben evolucionar moderadamente. Además del sacrificio que este acuerdo supone para amortiguar la continua destrucción, su valor cualitativo es el desarrollo de una nueva cultura de los convenios colectivos y de las empresas, tanto en situaciones de crisis como de bonanza económica.
Dado este acuerdo, la reforma legal impuesta era innecesaria, porque en el mismo ya se recogen, sin necesidad de modificar el marco legal, compromisos y recomendaciones para la negociación colectiva en relación a la flexibilidad interna sobre funciones, tiempo de trabajo y salarios, o la inaplicación de condiciones de trabajo. Pero el Gobierno, en un claro desprecio por el diálogo y la concertación social, ha decidido que no sea la voluntad de las partes la que imponga criterios y principios, y ha sustituido la autonomía de las partes por el imperativo legal.
Para colmo, la reforma unifica el tratamiento de las cláusulas de descuelgue con la inaplicación general de las condiciones de trabajo señaladas del convenio de ámbito superior, extrema ése no contemplado en la legislación vigente hasta la fecha.
En definitiva, la reforma laboral, además de injusta con los trabajadores, ineficaz para le recuperación de la economía e inútil para el empleo, tendrá como resultados un país más pobre y con una mayor desigualdad.
