UGT y CCOO exigen a la Junta que amplíe la cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía para adaptarla a una realidad “demoledora”

07 Jun UGT y CCOO exigen a la Junta que amplíe la cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía para adaptarla a una realidad “demoledora”

La fotografía social en Castilla y León es demoledora. Los 124.000 parados inscritos en la región y que no cobran ningún tipo de prestación o los más de 114.000 hogares con todos sus miembros en paro imponen, según ha afirmado el Secretario de Política Institucional de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, la inclusión de modificaciones normativas en la percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía, última red de protección social para muchas personas en Castilla y León. UGT y CCOO han presentado una propuesta a la Junta que incluye una ampliación de la dotación anual destinada a este derecho hasta los 100 millones de euros, es decir, el 1% del Presupuesto de la Comundiad para el año 2014, así como importantes cambios en los criterios de acceso.

Ambos sindicatos insisten además en la necesidad de que se incluya un nuevo concepto de garantía básica de vivienda, es decir, una ayuda específica, de un máximo de 300 euros al mes, a los perceptores de Renta y también a aquellos a los que se les deniega y que no perciben ningún tipo de prestación para evitar situaciones como las de los desahucios.

Los datos reflejan que algo se está haciendo mal, por eso, UGT y CCOO han exigido, en el marco del Diálogo Social, que se amplíe la cobertura para aquellos colectivos de máxima vulnerabilidad. Solo a cuatro de cada 10 solicitudes llegadas a la Gerencia se les reconoce el derecho a cobrar la Renta Garantizada. El año 2012 se cerró con cerca de 6.000 titulares en nómina a pesar de que se habían formulado unas 30.000 solicitudes.

Una situación que impone, a juicio de los representantes sindiales  un nuevo planteamiento de este derecho y que se recoge en el documento de propuestas que ya han presentado a la administración. Entre ellas, se apuesta por modificar la normativa, vía Decreto Ley, con el fin de salvar ciertas disfunciones que podrían estar operando en contra de la accesibilidad, cobertura y mantenimiento del derecho, especialmente, en temas relacionados, con el cómputo de rentas, el patrimonio, la edad, o la agilización de todo el proceso. “No queremos retoques, ha advertido el responsable de Política Institucional de UGT, ni una red de cartón piedra, la pobreza actual no precisa de caridad, sino de derechos sociales”.

Se trata de “una propuesta firme, aseguran los representantes sindicales, de mínimos, ante una fotografía social en Castilla y León, de especial gravedad”.