09 Feb UGTCyL apoya diversas medidas para garantizar “el acceso a una vivienda digna” en un marco sociolaboral en el que se han “multiplicado las necesidades habitacionales”
UGT Castilla y León considera que la vivienda constituye una de sus prioridades de los últimos años. La preocupación del sindicato se ha centrado en facilitar una vivienda digna y adecuada a aquellas personas y familias que encuentran más dificultades a la hora de acceder o mantener su vivienda habitual. Este objetivo, junto a otros en materia de vivienda, relacionados con la rehabilitación y regeneración urbana, la eficiencia energética, y sobre todo la ampliación del parque social de viviendas, han venido siendo de elementos clave de la participación activa de la Mesa de Vivienda del Diálogo Social en las políticas de vivienda de Castilla y León desde, al menos, 2013.
Alquiler y compra
Entre los programas acordados en ese marco, siguen ocupando un lugar preferente las ayudas al alquiler de la vivienda habitual, que se han estabilizado con los refuerzos de fondos (especialmente significativos en los próximos 3 años) y la flexibilización de los criterios de acceso que han hecho posible que las ayudas lleguen a más personas y familias vulnerables
Hoy, se ha reunido la Comisión de Seguimiento de Mesa de Vivienda para analizar, evaluar y valorar los últimos resultados de una convocatoria de ayudas especial, claramente marcada por el impacto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. La COVID-19 ha condicionado sobremanera todos los aspectos de la realidad, pero, sin duda, la vivienda ha sido uno de los más afectados, no solo por su papel en tiempos de confinamiento domiciliario, sino, especialmente, por la pérdida de solvencia de los propietarios y arrendadores como consecuencia del escenario sociolaboral y económico que el coronavirus está dejando.
Familias vulnerables y coronavirus
Para UGT Castilla y León, estas ayudas al alquiler de la vivienda habitual cobran especial transcendencia en momentos de extrema necesidad. Más aún con el refuerzo extraordinario del Escudo Social Estatal, cuya medida en materia de vivienda, -y su financiación-, se traslada a esta Comunidad en forma de ayudas extraordinarias al alquiler, entre otras, para familias y personas cuya insolvencia fue sobrevenida por causa de la pandemia.
De hecho, el programa de ayudas en 2020 ha superado sensiblemente los resultados de 2019 y da cobertura a cerca de 13.300 familias (un 3% más que el año anterior), con una cuantía media de 1.657 euros, dato valorado “positivamente” por la organización sindical.
Jóvenes y mujeres
En la misma línea, atendiendo a los perfiles de las personas y familias beneficiarias, desde UGTCyL consideran “de especial valor el acceso de las personas jóvenes”, es decir, los menores de 35 años. Se trata de un colectivo por el que UGT apostó decididamente en el último Acuerdo y que supone más del 28% de las ayudas. Con todo, el perfil de las personas titulares de las ayudas al alquiler de vivienda tiene rostro de mujer (61%), de nacionalidad española, con ingresos inferiores a 0,8 veces el IPREM (poco más de 6.000€) con hijos/as a cargo (criterio de prioridad de acceso) y supone el retrato de la pobreza y la exclusión en Castilla y León.
Crisis COVID-19
Por todo ello, Azucena Pérez, Secretaria de Salud Laboral y Política Social de UGTCyL considera necesario “seguir apostando por esta esta línea en el marco del Diálogo Social, más aun ante un escenario sociolaboral y económico post-crisis COVID-19 que se adivina extremadamente complicado y en el que se multiplicarán las necesidades habitacionales, los perfiles y el número de personas y familias en riesgo de pobreza bajo la constaten amenaza de la pérdida de su vivienda habitual”. Ante esta previsión, la organización sindical apuesta por “reforzar las medidas de protección social en materia de vivienda: frente a los desahucios o las subidas abusivas de los alquileres”.
Además, UGTCyL ha asegurado que “apoyará decididamente todas aquellas medidas destinadas a incrementar de forma significativa del parque público de alquiler social, el aprovechamiento del amplio parque de vivienda construida a través de diversas fórmulas de alquiler público y social, la rehabilitación del parque residencial bajo un mayor esfuerzo público en materia de vivienda, y cuantas otras tengan por objetivo garantizar y hacer efectivo el derecho a acceder y/o mantener una vivienda digna y adecuada”.