UGTCyL considera “intolerable” el plan del gobierno autonómico para “acosar y coaccionar” a las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo

13 Ene UGTCyL considera “intolerable” el plan del gobierno autonómico para “acosar y coaccionar” a las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo

UGTCyL considera “intolerable” el plan del gobierno autonómico para “acosar y coaccionar” a las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo

UGTCyL considera “intolerable” el plan del gobierno autonómico para “acosar y coaccionar” a las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo

La secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT Castilla y León, Victoria Zumalacarregui Suárez, ha rechazado tajantemente las nuevas medidas anunciadas por el gobierno autonómico para los procesos de interrupción voluntaria del embarazo porque, con ellas, “asistimos a un nuevo ataque intolerable e inadmisible a los derechos de las mujeres de esta comunidad autónoma”, en palabras de la secretaria.

De hecho, la crítica desde UGT es contundente: “Todas las medidas acordadas en el Consejo de Gobierno, que implican y comprometen a las personas profesionales sanitarias, con la complicidad e implicación de la Consejería de Sanidad, no son más que un conjunto de trabas para impedir ejercer este derecho a las mujeres que, en libertad y criterio propio, toman sus propias decisiones”.
Para Zumalacárregui, “es inaudito y un atraso terrible que atenta contra los derechos humanos de las mujeres castellano y leonesas; un paso más de extrema gravedad que viene a formar parte de la política reaccionaria, negacionista y ultraderechista del que se ha contagiado la Junta de Castilla y León”.

El acoso y la coacción frente a la legalidad y el presupuesto

Desde el sindicato consideran que se trata de una situación de “acoso y de coacción” y no están “dispuestos a tolerarlo”. Según la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad, “estas medidas son indignantes. Nosotros defenderemos el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, su maternidad, su vida, como ciudadanas con plena capacidad para la autodeterminación”.
Para UGT, el gobierno autonómico debería garantizar los derechos de toda la ciudadanía, y “velar por prestar unos servicios sanitarios públicos y de calidad que permitan a las mujeres abortar en las mejores condiciones de salud, que eliminen todo riesgo”.

Y es que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 20 de marzo de 2007, y tal como se ha regulado en la Ley y demás normativa de aplicación, la Administración autonómica ha de dedicarse a garantizar la seguridad jurídica de la mujer embarazada que desee abortar y no limitar, obstaculizar o impedir las posibilidades reales de realizarlo. Por lo tanto, según Zumalacárregui, “el gobierno de PP-Vox de Castilla y León debe acatar la ley, porque, con estas medidas están bordeando el delito, un delito de acoso y coacción a las mujeres tipificado en Código Penal”. Asimismo, UGT exige la “garantía del presupuesto necesario y suficiente que garantice el ejercicio del derecho al aborto en libertad”.

Un nefasto gobierno de coalición

También se han mostrado muy críticos desde la organización sindical con el principal partido del gobierno de coalición: “No es entendible que el PP se preste a esta afrenta contra las mujeres, una vez más. No es posible entender que no haya presupuesto para luchar contra la Violencia de Género, o para proteger a las mujeres víctimas y sus familias incluso, y sí exista presupuesto para financiar medidas absolutamente perversas y dañinas para las mujeres embarazadas, que son ahora tomadas por enfermas mentales porque deciden ejercer su derecho, y llevar a término su decisión”.

Por eso, desde UGT Castilla y León exigen al PP en el gobierno que “recupere la cordura para volver al lado de la ley y la razón porque estas medidas suponen otra forma de violencia de genero institucional contra las mujeres castellanas y leonesas” y han pedido que “den marcha atrás” pese a que, “con Vox como compañeros de viaje, han empezado a negar las diferentes formas de violencia machistas y la igualdad de mujeres y hombres porque consideran a las mujeres ciudadanas de segunda incapaces de tomar nuestras propias decisiones”.
Para finalizar, han advertido que, de seguir adelante con esta inaceptable propuesta, “van a tener en frente a más de la mitad de la población de esta comunidad, porque no podemos admitir que otros dobleguen la voluntad de las mujeres y fuercen nuestras decisiones a base de coacción, acoso y derribo”.

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