16 Feb UGTCyL define 2022 como “año negro” con 63.705 accidentes laborales y 58 muertes en el trabajo
Castilla y León ha cerrado el 2022 como un año negro en lo que a siniestralidad laboral se refiere con 63.705 accidentes laborales y 1.030 personas trabajadoras que han contraído una enfermedad profesional.
Del total de accidentes de trabajo registrados, el 45% (28.625) han causado una baja laboral que de media ha tenido una duración de 28,46 días.
Centrando la atención en los accidentes de trabajo en jornada (26.138) se observa un incremento del 3% respecto al año 2021 que afecta a todos los grados. Así, los leves crecen un 2,86%, los graves un 17,11% y los mortales un 21,43%.
En cuanto a los “in itinere” (2.487) crecen en conjunto un 0.16%, destacando el notable incremento del 63,34% de los de carácter grave.
Siniestralidad por sectores
Por sectores, los que han experimentado un mayor crecimiento han sido la construcción y el sector agrario. Así, el sector de la construcción ha registrado un crecimiento del 6,01%, que afecta a todas las provincias salvo a Ávila. Por su parte, en el sector agrario el crecimiento del 4,06% se ha dado en todas las provincias excepto en León y Segovia. El resto de los sectores también registran incrementos, aunque más suaves: servicios del 2,58% e industria del 1,92%.
Sin embargo, analizando la gravedad de los accidentes en función de los sectores, es el sector Servicios el que sale peor parado. En este sector los accidentes graves se incrementan un 27,91% y los mortales un 42,86%.
Analizando la siniestralidad por provincias, se observan incrementos globales en todas salvo en Burgos (-1,77%) y León (-3,54%). Por su parte, Valladolid registra un incremento global del 12%, con una subida del 25,64% de los accidentes de trabajo graves y un 66,67% de los accidentes mortales. Además, Burgos y Palencia destacan por el terrible incremento de los accidentes graves, un 115% y 90% respectivamente. En cuanto a los accidentes mortales despunta Salamanca, que ha doblado el número (4 en 2021 frente a 8 en 2022) y Valladolid, que ha pasado de 6 accidentes mortales en 2021 a 10 en 2022.
Accidentes de trabajo por situación profesional
El 91,8% del total de accidentes de trabajo con baja lo han sufrido los trabajadores asalariados. Sin embargo, a medida que se agrava el accidente, el peso de los trabajadores autónomos es mayor. Así, del total de los accidentes graves, el 24% lo han sufrido trabajadores autónomos, y en cuanto a los accidentes mortales, el porcentaje es del 21%.
Según tipo de contrato, los trabajadores con contrato indefinido han sufrido 18.868 accidentes en jornada con baja (71,5%) mientras que 7.535 de los accidentes sucedieron a personas trabajadoras con contrato temporal (28,5%). En este punto, desde la secretaría de Salud Laboral de UGTCyL se considera que hay que valorar el cambio que ha sufrido el mercado de trabajo en el último año. El porcentaje de accidentes en trabajadores temporales ha pasado de un 40% (2021) al 28%, reflejando la caída de la temporalidad en el mercado de trabajo de Castilla y León.
Enfermedades profesionales
Las enfermedades profesionales en Castilla y León también registran un crecimiento global del 21%, notificándose un total de 1.030, 178 enfermedades más que en 2021.
Analizando las enfermedades profesionales con baja, cuyo incremento es del 13%, se aprecia un crecimiento en tres sectores: agrario (+15,38%), industria (23,60%) y servicios (14,20%). Además, el 48% se concentran en el sector industrial, seguido de servicios (42%). Esta distribución sectorial explica que el 58% de las enfermedades profesionales afecten a los hombres.
Dentro del sector industrial, cerca de la mitad (49%) se han registrado en la industria de la alimentación. Por lo que se refiere a servicios, el 30% de las notificadas provienen del sector del comercio.
Tal y como señalan desde la secretaría de Salud Laboral de UGTCyL, “muchas de las actuales enfermedades relacionadas con el trabajo tienen un origen multicausal y no exclusivo del marco laboral, como es el caso de los cánceres y las enfermedades cardiovasculares”. Por ello, muchas enfermedades que tienen un origen laboral no son consideradas como tales. Un claro ejemplo es la ausencia de las patologías relacionadas con los riesgos psicosociales en el Cuadro Español de enfermedades profesionales. Por el contrario, la OIT en 2010, sí que incluía los trastornos mentales o del comportamiento en su listado. Por ello, el sindicato reclama una actualización del Listado de Enfermedades Profesionales Español.
Por lo tanto, continúan señalando desde el sindicato, “es fundamental entre otras cuestiones, una revisión del listado de enfermedades profesionales para dotarlo de perspectiva de género; establecer la periodicidad en la que el cuadro de enfermedades profesionales debe revisarse; reforzar el control de la realización de la vigilancia de la salud colectiva por parte de los servicios de prevención ajenos, mancomunados o propios”, además consideran necesario “establecer criterios de calidad para la realización de los reconocimientos médicos de carácter individual para detectar posibles patologías derivadas del trabajo, así como proteger a los trabajadores y trabajadoras expuestos a medicamentos peligrosos, desarrollando protocolos de vigilancia de la salud para este tipo de riesgo laboral”.
Repercusión negativa de las políticas erráticas de la Junta de Castilla y León
Tras la exposición de los datos sobre siniestralidad cerrados a 2022, Mª Fe Muñiz Queipo, secretaria de Salud Laboral de UGTCyL, considera que “la evolución de los accidentes de trabajo en nuestra comunidad está constatando el efecto de las políticas erráticas que desde la Administración de la Junta de CyL se han venido desarrollando en las últimas etapas de los distintos gobiernos, asistiendo a una progresiva rebaja de los espacios de participación de los agentes sociales y económicos en relación a la seguridad y salud laboral, que delata el sesgo ideológico y un nivel de ofuscación de graves consecuencias”.
Así, se está asistiendo a un segundo estadio que culmina con la llegada de un nuevo gobierno autonómico que, desde la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, en opinión de Muñiz Queipo “dirige políticas en materia de prevención de riesgos orientadas a liquidar, de manera unilateral, el VI Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales 2021-2024 y la intervención de los agentes económicos y sociales a través del Programa de visitas y asesoramiento en PRL, ignorando, y poniendo en tela de juicio, el gran impacto que la acción sindical tiene en la salud laboral en los diferentes ámbitos en los que tenemos presencia para elevar los niveles de seguridad y salud de las personas trabajadoras, impulsar la cultura preventiva, ejercer una labor de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa, limitando los abusos y las ilegalidades y facilitar la participación de las personas trabajadoras en la definición de sus condiciones de trabajo, al ordenarla y organizarla a través de sus representantes”.
El Programa de Visitadores ha sido fundamental en la reducción de la siniestralidad
En este sentido, para la responsable sindical “los datos revelan una realidad indiscutible” y es que en el año 2003, en el que se inicia el Programa de Visitas y Asesoramiento a empresas en Castilla y León, se registraban 44.732 accidentes laborales en jornada de trabajo, el año 2022 ha cerrado con 28.985. Por lo tanto, “es evidente que la existencia y el funcionamiento regular del Programa desarrollado por los agentes sociales y económicos, ha supuesto un factor determinante en esa reducción de la siniestralidad, no de manera exclusiva evidentemente, pero es innegable que esas acciones han supuesto una enorme contribución a los resultados”. En estos 20 años se ha reducido la siniestralidad laboral en un 40% a pesar de haber aumentado la población trabajadora en casi 73.000 personas.
Esto es lo que lleva a la responsable de Salud Laboral del sindicato a afirmar que “despreciar el trabajo realizado por nuestros técnicos, su profesionalidad y cometido y devaluar un modelo consolidado que ha venido siendo reforzado de manera continuada durante veinte años, a través de los distintos Acuerdos firmados en el seno del Diálogo Social, constituye un despropósito de una extrema gravedad y de incalculables consecuencias a futuro”.
Los datos de cierre del año 2022 reflejan que las principales causas de las muertes por accidente laboral no cambian, por el contrario, se mantienen a lo largo del tiempo, lo que demuestra que los incumplimientos en materia preventiva por parte de las empresas, también se mantienen. En Castilla y León, más de 1 trabajador cada semana del año 2022, no ha vuelto a casa como consecuencia de un accidente laboral mortal.
Urgen soluciones
Para UGT Castilla y León es imprescindible que se dote a la Inspección de Trabajo de mayores recursos, tanto humanos como materiales, con el fin de vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
Además, el sindicato demanda la articulación de medidas dirigidas a la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora, ya que la primera causa de muerte durante la jornada de trabajo siguen siendo los accidentes cerebrovasculares, patologías asociadas a este tipo de riesgos laborales. “No basta con instalar desfibriladores en las empresas ni, mucho menos, reducir la intervención de la administración autonómica a facilitar consejos sobre alimentación y deporte, hace falta mucho más”, ha señalado Mª Fe Muñiz Queipo.
En necesario poner en marcha un Plan de Acción para la Prevención y Control de los Riesgos Psicosociales en las empresas de Castilla y León, centrado en las causas (condiciones de empleo y trabajo) y en las consecuencias (deterioro del estado de salud de las personas trabajadoras) de la exposición a los riesgos psicosociales y que contemple medidas de carácter colectivo y no individual y, sobre todo, de naturaleza preventiva y no reparadora. Además, considera que este Plan debe partir de un diagnóstico de situación solvente “que nos permita saber qué colectivos requieren de una intervención inmediata, que contenga por un lado acciones de promoción, prevención, vigilancia y control y que contemple los recursos disponibles”, sin olvidar “la participación de la administración sanitaria en su tarea de promoción de la salud integral del trabajador”.
Muñiz Queipo ha resaltado que, en Castilla y León, el VI Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales (2021-2024), finiquitado de manera unilateral por la Consejería de Empleo, creó un grupo de trabajo de riesgos psicosociales que estaba diseñando un programa de actuación con líneas de trabajo concretas destinadas a reducir la incidencia de los riesgos psicosociales en la comunidad. Por lo tanto, “ante este despropósito “exigimos a la Junta de Castilla y León que reanude los trabajos del grupo de manera urgente, y ponga en marcha las medidas de protección que en dicho grupo se acuerden”.
Sigue siendo necesaria la inversión en seguridad y salud en el trabajo
Por otra parte, también ha señalado que “es evidente que la gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas, no funciona como debería” ante las altas tasas de incidencia de accidentalidad que siguen dándose en la mayoría de provincias y sectores, por lo que ha recordado que “es necesario invertir en la seguridad y salud de las personas trabajadoras porque repercute en el bien de todos: trabajadores, empresa y el conjunto de la sociedad”.
Por lo tanto, “desde UGT Castilla y León, sin ningún género de dudas, continuaremos dando respuestas a las nuevas demandas de la seguridad y salud laboral y a los nuevos retos del mundo del trabajo del siglo XXI, porque constituye uno de los pilares necesarios e intrínsecos de nuestra actividad sindical, porque se configura como un derecho fundamental, y esencialmente, es nuestro deber”, concluyó la secretaria de Salud Laboral de UGT Castilla y León, Mª Fe Muñiz Queipo