UGTCyL denuncia que la Junta lleva a la “quiebra técnica y financiera” al Servicio de Mediación de Conflictos Individuales en Valladolid

18 Ene UGTCyL denuncia que la Junta lleva a la “quiebra técnica y financiera” al Servicio de Mediación de Conflictos Individuales en Valladolid

El secretario de Acción Sindical y Coordinador del Diálogo Social de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia ha denunciado hoy en rueda de prensa que “el incumplimiento de la Junta de Castilla y León con el Servicio de Mediación de Conflictos Individuales en Valladolid le lleva a la quiebra técnica y financiera”.

Tras recordar que “fue Juan Vicente Herrera, hace siete años, el primero en incumplir el acuerdo firmado en el Diálogo Social para extender a toda Castilla y León la resolución de conflictos individuales”, que solo existe en Valladolid, ha continuado manifestando que “la estrategia de la Junta de Castilla y León es asfixiar económicamente al SERLA”.

Asfixia económica al Servicio de Mediación de Conflictos Individuales

En los dos últimos ejercicios presupuestarios de la Junta, la dotación económica para el SERLA es de 0 euros. En diciembre, el sindicato ya denunció las dificultades existentes para pagar las nóminas a los trabajadores del SERLA en Valladolid y para desarrollar su trabajo y gracias a las presiones llevadas a cabo por sindicatos y patronal, se consiguió que la Junta aportara 40.000 para el abono de las nóminas y la extra de los 7 trabajadores de Valladolid.

Por otra parte, también ha hecho referencia a las reiteradas solicitudes de financiación dirigidas por el director del SERLA, desde diciembre de 2022, a la Junta de Castilla y León anunciando la quiebra técnica que le impedía hacer frente a los pagos ordinarios de luz o calefacción, llegando incluso a devolverse el recibo del alquiler de la sede del SERLA. El servicio tampoco dispone de liquidez para enviar las citaciones, lo que significa, que “hay 150 personas trabajadoras en Valladolid que no van a tener la convocatoria para realizar el servicio de mediación al que tienen derecho por ley”.

Por eso, según ha señalado Santa Eufemia, lo que está ocurriendo es que “para la consejería de Empleo es suficiente con que el SERLA se ocupe de los conflictos colectivos, pero esto les lleva a no cumplir con una sentencia judicial que reconoce la exclusividad del SERLA en los conflictos individuales en Valladolid”. También ha remarcado “la importante labor que el SERLA tienen en la resolución de los conflictos individuales, tal y como lo indican lo 5.000 conflictos en los que ha mediado en 2023 en Valladolid” porque, además de ser beneficioso para los trabajadores por la rapidez e inmediatez, sirve para evitar el colapso de los juzgados y abaratar los costes para la administración.

Veganzones busca el conflicto constante

Por otra parte, el secretario de Acción Sindical de UGTCyL ha criticado al consejero Veganzones su “predisposición al conflicto y a la generación de incertidumbre en lugar de trabajar por una solución consensuada de los conflictos que genere estabilidad tanto para la sociedad de Castilla y León como para las empresas que pretendan asentarse en la comunidad”.  En consecuencia, el secretario de acción sindical de UGTCyL entiende que el consejero de empleo, con esta actitud, “no está yendo en contra de los sindicatos, lo está haciendo en contra de toda la sociedad castellana y leonesa”.

Al mismo tiempo, Santa Eufemia ha lanzado una pregunta al consejero de hacienda, Fernández Carriedo antiguo consejero de empleo y presidente del Patronato, “si el SERLA no debe recibir dotación presupuestaria para la resolución de los conflictos individuales en Valladolid, como así ha sido en 2022 y 2023, ¿por qué a lo largo del año realiza ingresos extraordinarios?”

Aplicar el 155 de la Constitución en Castilla y León

Para terminar, desde UGT han aludido al recurso planteado junto al Ministerio de Trabajo en materia de financiación del Serla, y ha emplazado al Gobierno del país a que se atrevan a “aplicar a la Junta de Castilla y León el artículo 155 de la Constitución porque si el Estado ha transferido a la comunidad el servicio de mediación también debe coger las riendas asegurarse de que está cumpliendo con el derecho constitucional que tienen las personas trabajadoras de acudir a un servicio de mediación”

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