UGTCyL denuncia que “no hemos aprendido nada porque nada” ha cambiado en el sector de atención residencial a las personas mayores pese a los “estragos” de la pandemia

11 Nov UGTCyL denuncia que “no hemos aprendido nada porque nada” ha cambiado en el sector de atención residencial a las personas mayores pese a los “estragos” de la pandemia

UGTCyL denuncia que “no hemos aprendido nada porque nada ha cambiado” en el sector de atención residencial a las personas mayores pese a los “estragos” de la pandemia

UGTCyL denuncia que “no hemos aprendido nada porque nada ha cambiado” en el sector de atención residencial a las personas mayores pese a los “estragos” de la pandemia

Faustino Temprano, secretario general Autonómico de UGT Castilla y León, Victoria Zumalacárregui Suárez, Secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGTCyL, Tomás Pérez Urueña, Secretario General de UGT Servicios Públicos en Castilla y León, y Mª Pilar Gutiérrez Sánchez, Secretaria de Sociosanitario y Atención a la Dependencia de UGT SPCYL han ofrecido hoy una rueda de prensa para hablar del Modelo de Atención Residencial en Castilla y León.
A finales de año pasado, acuciados por la pandemia sanitaria y sus consecuencias, desde UGT presentaron sus propuestas para avanzar hacia un nuevo modelo de atención a las personas mayores dependientes bajo cuidados de larga duración en centros residenciales.

Pasado casi un año, con un anteproyecto de ley de atención residencial -publicado el 30 abril de 2021-, que sigue su curso, y pendientes de los avances que se vienen produciendo en el marco del Diálogo Social y la hoja de ruta del Plan de Choque de ámbito estatal, desde UGT consideran necesario replantear la situación y urgir a las administraciones a abordar el problema.

Modelo de atención residencial mayoritariamente público

El primero en intervenir ha sido el secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, que ha aseverado que “la crisis sanitaria ha impactado de la forma más grave y cruel en los centros de atención residencial de personas mayores, donde el coste humano ha sido sobrecogedor tanto para los usuarios como para los trabajadores de los centros”. En este sentido, el secretario general de la organización sindical ha sido muy crítico: “en estos centros, la pandemia ha encontrado su mejor medio de expansión aprovechando la vulnerabilidad y fragilidad de las personas mayores. La gravedad de lo acontecido en ellos se debe en gran parte a las deficiencias de los sistemas involucrados, sumados a otros factores de índole sanitaria y de la naturaleza del propio coronavirus”.

Por eso, para evitar que la situación vuelva a repetirse, desde UGT defienden un modelo de atención residencial mayoritariamente público, puesto que muchos de sus usuarios son dependientes y es la gerencia de servicios sociales la que dota de recursos suficientes a los centros para tratar a los usuarios que así lo requieren. Asimismo, consideran que el actual sistema es “caduco” y ha demostrado “estar fracasado”. Por tanto, para el sindicato, “es necesario un cambio profundo que se encamine a una transformación estructural del modelo de cuidados de larga duración, en el marco de la misma, bajo el Sistema público ya creado, bien dotado de recursos económicos, necesarios y suficientes, que garanticen la calidad y profesionalidad de los servicios que lo conforman. Un modelo que tenga en el centro a las personas, respetando sus derechos y su autodeterminación. Pero también los derechos de las personas trabajadoras que, en último término, son parte imprescindible para asegurar la excelencia del modelo”.

Fracaso de la gestión de la pandemia en las residencias

Por su parte, Tomás Pérez ha argumentado que los derechos de las personas mayores “no se pueden mercantilizar”. Y es que, para el secretario de UGT SPCYL, “las administraciones tienen la obligación de atender esos derechos. El fracaso de la gestión de la pandemia en las residencias evidenció las carencias que venían padeciendo. Las residencias, sobre todo en la primera ola, se convirtieron en focos de interés mediático. Aparecían en los medios cada día con cifras de decesos escandalosas. Como ya no aparecen en los medios, parece que los problemas no existen, pero no es así”

No obstante, Pérez Urueña ha reconocido que no todo ha sido negativo: “Sí que conseguimos en su momento una comisión de investigación en las Cortes, aunque no sabemos qué sacaremos en claro. Sin embargo, creíamos que habíamos aprendido algo, pero ha pasado un año y volvemos a cometer los mismos errores”. También ha tenido palabras el secretario de la federación de Servicios Públicos de UGTCyL para el asunto del acuerdo con el sindicato de enfermería: “La consejería tomó una decisión ilegal desde nuestro punto de vista. Dar una paga a todas las enfermeras, obviando al resto del personal sanitario, y exceptuando a las enfermeras que trabajan en las residencias de mayores, que ejercen la misma profesión, pero son dependientes de la gerencia de servicios sociales”.
La tercera en intervenir ha sido Pilar Gutiérrez Sánchez, que ha reclamado que, “para que las cosas funcionen, tiene que haber auditorías En el mundo laboral, estas auditorías las ejecutan las inspecciones. Sin embargo, en Castilla y León no hay ni un inspector por provincia. Hace meses, la JCYL aseguro que iban a contratar de 9 a 12 inspectores nuevos y, un año más tarde, no tenemos datos de cuántos se han contratado finalmente ni de qué labor están llevando a cabo”.

Negociación del anteproyecto

La Secretaria de Sociosanitario y Atención a la Dependencia de UGT SPCYL también ha asegurado que, desde UGT, pidieron que la negociación del anteproyecto entrase en el Diálogo Social, pero la Administración y los centros privados que actualmente ofrecen el servicio se negaron, pese a que los principales usuarios de este servicio son un colectivo especialmente vulnerable y requiere una adecuada atención por parte de la administración pública.

Según Gutiérrez Sánchez, el objetivo del sindicato es crear un marco regulador adecuado tanto para los usuarios como para las personas que los cuidan y bajar las ratios de pacientes por trabajador. Y es que, según han explicado desde la organización sindical, “la ley de dependencia es un derecho reconocido en residencias públicas, privadas y concertadas, pero se financia con dinero público. No se puede aplicar la misma ratio para un usuario de grado 3 que para uno de grado 1 porque requieren distintos tipos de atención y de profesional (terapeutas, gerocultores, personal de servicio, limpieza) para su cuidado. Sin embargo, desde UGT aseguran que, “tras un año de pandemia, seguimos en el mismo punto de partida y los profesionales del sector desarrollan tareas que no les corresponden”.

La necesidad del Diálogo Social y de un Plan de Choque

Victoria Zumalacárregui Suárez, Secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGTCyL, ha sido la cuarta en intervenir en la rueda de prensa asegurando que las organizaciones sindicales han sido artífices del derecho de atención a la dependencia, “un derecho”, según ella, “que es considerado el cuarto pilar del Estado de Bienestar en este país”.

Ya en diciembre de 2020, UGT ofreció una rueda de prensa para explicar su plan para la elaboración del proyecto de ley de atención residencial en Castilla y León, con el objetivo de crear un marco regulador que amparase los derechos de las personas mayores y protegiese a quienes les cuidan.

El plan tenía dos objetivos claros: amparar y garantizar los derechos de las personas mayores y respetar, en los mismos términos, los derechos de las personas que las cuidan. Ambos objetivos fueron asumidos por todos los miembros del Diálogo Social: Sindicatos, Patronal y Administración, tal y como se desprende de los sucesivos Acuerdos de D.S. en materia de Dependencia, destacando forma especial en el último firmado en junio.

El propio Plan de Choque, aprobado en enero de 2021 por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia y acordado en la Mesa de Diálogo Social estatal en materia de Dependencia en ese mismo mes, estableció como objetivos “reducir la lista de espera, mejorar los servicios y prestaciones o establecer como preferentes los servicios profesionales de calidad”. Además, desde los sindicatos pusieron especial énfasis en asegurar que las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el SAD estén capacitadas para las tareas que deben desempeñar. Para lograrlo, es precisa la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de estos estándares como el refuerzo de las inspecciones, el mayor control del cumplimiento de los criterios, así como una evaluación del impacto de las medidas que se acuerden sobre el coste de los servicios, para asegurar su correcta financiación.

Voluntad Política

No obstante, en palabras de Zumalacárregui, “hay voluntad política a nivel estatal y autonómico, hay Acuerdos de Diálogo Social y hay presupuesto suficiente para llevarlos a término, pero aún no se ha puesto en marcha ninguna de las medidas acordadas en este Plan” y, como aún no ha pasado al Diálogo Social los sindicatos no han tenido todavía la posibilidad de pronunciarse al respecto.

Por eso y para finalizar, Tomás Pérez, ha querido reprocharle a la administración autonómica que “parece que no hemos aprendido nada porque, un año y medio más tarde y con una pandemia en medio, aún no ha cambiado nada”.

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