UGTCyL firma una Declaración sobre Dependencia en el marco del Diálogo Social para salvaguardar el modelo de atención a la dependencia en la región

31 Jul UGTCyL firma una Declaración sobre Dependencia en el marco del Diálogo Social para salvaguardar el modelo de atención a la dependencia en la región

Con el objetivo de reducir el gran impacto negativo que va a suponer la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012 en la atención a las personas en situación de dependencia en Castilla y León y sus efectos sobre el mantenimiento del empleo en el sector, la UGT de Castilla y León suscribía el pasado 26 de julio junto a la Junta de Castilla y León, CCOO y Cecale, la Declaración de Compromisos en materia de Dependencia para proteger a los colectivos más vulnerables de la ciudadanía, ahora en peligro de desatención.

El RD-L 20/2012 contiene una serie de modificaciones sustanciales de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que obligan a redefinir el Sistema (SAAD) de tal forma que, a juicio del Sindicato, se pone en serio peligro su superveniencia como cuarto pilar del estado de bienestar.

En varias ocasiones, UGT ha aseverado que la aplicación y desarrollo del SAAD en Castilla y León viene siendo significativamente superior y cualitativamente mejor en comparación con el resto de Comunidades Autónomas. Ello ha sido posible, en gran medida, a los Acuerdos alcanzados en el marco del Diálogo Social en esta materia. Las consecuencias positivas de la negociación, el consenso y la concertación se manifiestan en la posición que ocupa Castilla y León en el conjunto nacional, en cuanto a implantación del Sistema, en términos de cobertura efectiva, profesionalización de la atención en el ámbito SAAD -y por tanto la calidad de servicios-, prioridad de la red pública y por supuesto también generación de empleo estable. Efectivamente los buenos resultados que arrojan todos los indicadores evidencian la potencialidad del Diálogo Social como instrumento eficaz e imprescindible de cara al avance social, protección y garantía de derechos. Sin embargo el riesgo de ruptura del SAAD, y por lo tanto la destrucción del modelo logrado en esta Comunidad, es verdaderamente serio. 

La Declaración persigue unos objetivos básicos: Garantizar el mantenimiento actual y futuro de la red de servicios sociales de responsabilidad pública y el empleo que con ello se genera, y facilitar el acceso a estos servicios profesionales a la personas en situación de dependencia con menor capacidad económica.

 En base a este planteamiento fundamental, el Acuerdo alcanzado se resume en los siguientes puntos: 

  1. La prestación económica vinculada al servicio se incrementará en un 20% sobre las cuantías máximas aprobadas por el Gobierno de la nación, recogidas en el RD-L 20/2012 para cada Grado. Ello permitirá a las persona beneficiarias contar con una cantidad suficiente que haga posible el acceso a los servicios profesionales con esta prestación. 

  2. A la vez, los precios de referencia de cada uno de esos servicios se ajustarán para facilitar el acceso. Esto se realizará mediante acuerdo con las empresas proveedoras. Se establecerán igualmente las condiciones básicas de calidad de los servicios que van a ser pagados por esta prestaciones vinculadas. 

  3. Se adaptará el actual copago de la prestación económica vinculada al servicio a los criterios de copago de los servicios públicos. Se evitará que las condiciones de acceso a un servicio mediante prestación vinculada sea más ventajosa que para acceder a un servicio público. Esto quiere decir que se equiparará la cantidad que tiene que aportar la persona beneficiaria, según su capacidad económica, cuando accede a un servicio vía prestación vinculada o vía servicios sociales públicos (de las opciones que se ofertan en el PIA tras la valoración), estas cuantías de copago responden actualmente a porcentajes diferentes, resultando más favorable la opción de la oferta privada, cuestión que se quiere equilibrar.

  4. Se garantizará acceso inmediato a un servicio profesional para aquellas personas beneficiarias de una prestación económica para cuidados en el entorno familiar que, ante las nuevas cuantías que fija el RD-L 20/2012 y las medidas que al respecto tenga que adoptar urgentemente la Junta, deseen cambiar de prestación. 

  5. Por último, se ha adquirido el compromiso de que, durante los próximos 3 meses se seguirá trabajando en la concreción de los puntos de esta Declaración ante el escenario fiscal y presupuestario que se presenta para el 2013, a fin de consolidar el modelo SAAD de Castilla y León. 

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