UGTCyl: Hay que impulsar la integración sociolaboral de las personas con discapacidad

02 Dic UGTCyl: Hay que impulsar la integración sociolaboral de las personas con discapacidad

UGTCyL reivindica la inserción de las personas con discapacidad en la sociedad a través del empleo. Reclama políticas adecuadas, de formación profesional, empleo, salud laboral encaminadas a conseguir el ejercicio de su derecho a trabajar en condiciones de igualdad en el mercado ordinario y accesible, que aporten instrumentos para garantizar su cumplimiento real. Asimismo, el Sindicato apuesta por reforzar, a través de la negociación colectiva, la garantía de los derechos laborales en condiciones de igualdad de trato y oportunidades.

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra mañana, UGT insta al nuevo Gobierno a poner en práctica acciones eficaces para detectar, en primer lugar, los factores que inciden en la baja ocupación de estos trabajadores y encaminadas a impulsar la integración de estas personas en función de la ley de oferta y demanda del mercado laboral. Asimismo, considera que es necesario establecer campañas de sensibilización social para promover la integración eficaz de este colectivo.

La integración laboral de las personas con discapacidad es una de las prioridades para UGT Castilla y León, por lo tanto una cuestión importante a la hora de elaborar, negociar y acordar las propuestas que en materia de empleo se están diseñando en estos momentos cruciales y extraordinaria dificultad.

En un contexto como el actual, las particularidades de los colectivos más vulnerables corren un gran riesgo de desaparecer de las agendas, de los documentos y del discurso público y consecuentemente de convertirse en catalizadores que potencia la discriminación y la falta de oportunidades, en un proceso regresivo inaceptable para nosotros.

Si el periodo anterior a la crisis, con un fuerte crecimiento del empleo, apenas implicó un aumento en la calidad y la igualdad; una época de crisis puede conllevar el cuestionamiento de los tímidos avances conseguidos en materia de igualdad de trato y oportunidades y lucha contra la discriminación en el ámbito laboral.

Con carácter previo al análisis de datos referidos a la integración laboral de las personas discapacitadas hay que hacer hincapié en que la carencia de datos en esta materia, tanto cuantitativos como cualitativos, no sólo dificulta la elaboración de un diagnóstico preciso de la situación de empleo de las personas con discapacidad, sino que también puede impedir que se realice una adecuada evaluación de los resultados de las medidas de reactivación que puedan adoptarse. Por ello, resulta imprescindible y UGT reclama la necesidad de contar con información precisa y detallada, en las estadísticas periódicas y continuadas, como  la Encuesta de Población Activa, criterios que permitan conocer la evolución de la situación de empleo de las personas con discapacidad.

La población de personas de más de 16 años con discapacidad en Castilla y León, es de 253.000 aproximadamente (Fuente INE), de ellas solamente trabaja el 31% (en torno a 80.000 personas). La inactividad, cuya tasa en Castilla y León se sitúa en torno al 68% es el gran problema de los potenciales trabajadores y trabajadoras de este colectivo. La falta de oportunidades a la hora de acceder al mercado de trabajo, principalmente al ordinario, frena definitivamente el paso a la actividad, forzando la aparición de situaciones de dependencia económica y social no deseada para, al menos, el 61% de estas personas, -aquellas que podrían trabajar y están inactivas-:

· El número de contratos formalizados en este colectivo prácticamente no ha variado desde 2009, la variación es de unos 300 en toda Castilla y León.
· De cada 10 contratos a personas con discapacidad, 7 lo son en Centros Especiales de Empleo, solamente 3 se formalizan en la empresa ordinaria.
· Los últimos datos de contratación a trabajadores con discapacidad ponen de manifiesto un marcado incremento de la precariedad: la contratación indefinida conjunta (incluye Centros Especiales de Empleo y empresa ordinaria) en este colectivo ha caído en más de 5 puntos porcentuales desde 2009, pasando del 19,7% en 2009 al 14% en 2011 (Fuente SEPE. Datos a octubre de 2009 Acumulados).

· La contratación indefinida en los CEE también ha sufrido un retroceso significativo: Ha pasado del 9,6% del total de contratos formalizados en 2009 (Fuente SEPE. Datos a octubre de 2009 Acumulados) al 5,8% en el mismo período de 2011 (Fuente SEPE. Datos a octubre 2011 Acumulados). Si bien era de esperar dada la coyuntura económica y sus consecuencias en el mercado de trabajo, resulta especialmente preocupante y sorprendente, que se manifieste de forma acusada en la contratación de trabajadores con discapacidad en estos centros, dada la protección pública de la que son objeto.
· La participación de los trabajadores y trabajadoras en la formación profesional-ocupacional o profesional continua es muy baja, en total no llega al 5% y el grado de inserción laboral de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad que reciben formación profesional y/o continúa es en Castilla y León 6 puntos más baja que en el conjunto de España, apenas supera el 30%.

UGT Castilla y León cree necesario evitar a toda costa desconectar los problemas específicos de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad de las estrategias globales en materia de empleo y formación. Cualquier de estas particularidades tratadas de forma parcelaria y desintegrada, sin tener en cuenta la condición de los trabajadores y por lo tanto sujetos de derechos laborales, se corre el riesgo de convertirse en obstáculo para la integración, barreras para la igualdad de oportunidades y escusas para justificar la desprotección a través del trato diferencial sumamente nocivo en este caso.

Es necesario aplicar un tratamiento transversal de la igualdad para los trabajadores y trabajadoras con discapacidad de cara a lograr, de forma efectiva, su integración y normalización en el mundo del trabajo ordinario: cumplimiento de cuotas de reserva, tanto en la empresa pública como privada, adaptación de los puestos de trabajo, prevención de riesgos laborales y salud laboral integrando necesidades específicas, retribución salarial, promoción, formación,……..

Para UGT la negociación colectiva se convierte en instrumento fundamental a través del cual se haga posible
canalizar los esfuerzos adicionales de formación y promoción profesional así con condiciones laborales ajustadas, que contribuyan a superar la inicial desconfianza de las empresas, así como la desmotivación de las personas con discapacidad, arbitrando medidas en la empresa que permitan la adaptación eficaz e igualitaria de cara a lograr su futuro laboral estable y normalizado, en un mercado cambiante y con tendencia a la inestabilidad en tiempos difíciles. En este sentido trabajamos en plataformas de convenios colectivos, modelos de cláusulas y potenciación de buenas prácticas, que integren la dimensión “discapacidad” en todos los componentes de la negociación colectiva que faciliten la plena integración de la particularidades de estos trabajadores en los contenidos de los convenios colectivos.

Es necesario igualmente impulsar esta transversalidad, a través del Diálogo Social. El éxito en la consecución de la integración real depende -en todas las vertientes- de la participación, negociación e implicación efectiva de la patronal y los sindicatos. Esto es especialmente determinante si tenemos en cuenta que el mayor número de contratos se generan en la pequeña y mediana empresa en las que la falta de información y sensibilización sobre las aptitudes laborales de las personas con discapacidad favorece la existencia de prejuicios sobre sus posibilidades y capacidades de trabajo, reforzando su exclusión del mercado laboral.

En relación a las medidas de acción positiva dirigidas a la integración en el trabajo ordinario establecidas en la LISMI, esto es, la obligación para las empresas privadas que empleen un número de 50 o más trabajadores de un porcentaje de reserva que represente al menos un 2% de su plantilla, y para las públicas el 5% de las plazas convocadas (Ley 53/2003 de 10 de Diciembre) cabe señalar nuevamente las escasas fuentes estadísticas de que se dispone en la actualidad en lo referido de cara a determinar el cumplimiento o no principalmente en la empresa privada y de cumplirse las características de los puestos cubiertos por estos trabajadores. Si podemos señalar que todas las contrataciones formalizadas a trabajadores con discapacidad registradas en el SEPE en los que va de año, y que en Castilla y León se cifran en 3.050, de las
que solo el 30% se formalizaron en en empresa ordinaria.

Al respecto, desde UGT Castilla y León queremos puntualizar que el Acuerdo de Medidas urgentes para la promoción de empleo de las personas con discapacidad suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) cuyo proceso de elaboración no contó con la participación de las Organizaciones Empresariales y Sindicales, hizo posible la exoneración total o parcial de la reserva de puestos de trabajo cuando se aplique alguna de las medidas alternativas legalmente previstas, entre ellas la realización de un contrato mercantil o civil con CEE. Una consecuencia directa es que se limita el transito del trabajador a la empresa ordinaria por dos vías, una por el hecho de que las empresas se libran de contratar personas con discapacidad al no estar obligadas y otra porque las oportunidades de acceso al empleo se reducen casi en exclusiva a los CEE.

Esta situación se complica aun más a partir de 2004, cuando a través de un nuevo acuerdo del CERMI con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el que una vez más no se buscó la participación de las Organizaciones Empresariales y Sindicales, se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad, planteándose esta figura como otra medida alternativa a la cuota de reserva, con carácter adicional a las ya existentes. Esta iniciativa, además de afectar a las personas con discapacidad que trabajan en los Centros Especiales de Empleo, tiene implicaciones directas para las empresas que tienen que sufragar la formación y la adaptación del puesto, así como para las relaciones laborales de carácter ordinario.

Como Sindicato reivindicamos la integración de las personas con discapacidad e instamos al Gobierno a reactivar políticas laborales no sólo para la población en general. Para lograrlo, el punto de partida debe ser la detección de aquellos factores que inciden en los niveles de baja actividad y ocupación de estos trabajadores y poder realizar acciones que vayan en consonancia con la ley de oferta y demanda del mercado laboral.

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