02 Oct UGT exige que el gasto público se destine a la creación de empleo estable en el contexto de un nuevo modelo productivo
Según los datos correspondientes al mes de septiembre de 2009 publicados por el Servicio Público de Empleo, el paro se ha incrementado en Castilla y León en 4.393 con respecto al mes anterior, lo que eleva el desempleo en septiembre hasta los 164.236. En cifras interanuales el incremento ha sido de 43.054.
Este incremento del desempleo en nuestra Comunidad ha afectado más a las mujeres y a los jóvenes que buscan su primer empleo.
En cuanto a la contratación, se han realizado en septiembre de 2009, 1.515 contratos menos que en el mismo mes del año pasado.
UGT Castilla y León detecta un incremento de la contratación temporal sobre la indefinida, situándose la Comunidad casi 9 puntos por encima de la media nacional en dicha contratación.
La situación en Castilla y León es más complicada que en otras Comunidades porque junto a la destrucción de empleo hay que añadir las dificultades que tenemos para la creación de nuevos puestos de trabajo, lo que repercute negativamente en la población más joven que tiene que buscar su incorporación al mercado laboral fuera de Castilla y León.
Ante esto, UGT exige a Cecale un ejercicio de responsabilidad para que dejen de incrementar la precariedad laboral amparándose en la crisis.
Por otra parte, desde UGT Castilla y León también se exige a la Junta que el gasto público, ya sea en inversiones o en ayudas, se destine a la creación de empleo estable en el contexto de un nuevo modelo productivo orientado hacia la economía sostenible.
Al mismo tiempo también pedimos a la Administración Central, y muy en particular a la Administración Regional, que cumplan con su compromiso de prolongar el IAE y todas las demás ayudas para los trabajadores afectados por la crisis, a lo largo de 2010: trabajadores sin prestaciones por desempleo, ERE´s, etc.
Dado que las perspectivas para los próximos 9 meses son de un incremento en el número de parados y con la situación de desamparo en la que quedan tanto los trabajadores que han perdido su empleo como sus familias, es una obligación de la Administración ampararles, aunque ello suponga un incremento de los recursos inicialmente previstos.
